Salvar el sistema republicano y la economía de mercado

La administración interina de Francisco Sagasti empezó mal con la llamada reforma policial, que envió al retiro a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), ignorando que la propia ley de la PNP establece la obligación de elegir el Comandante General de la institución entre los tres oficiales de más antigüedad. Una terrible señal para la transición, que solo se explica por sectores a los que no les interesa la institucionalidad, sino el control político de determinadas instituciones.

Sin embargo, los sectores republicanos y democráticos deben entender que en el éxito o fracaso de la administración Sagasti –especialmente en garantizar las elecciones generales del 2021–, se juega la posibilidad de la continuidad de las instituciones republicanas y del modelo económico basado en la la inversión privada y la desregulación de precios y mercados. En realidad, el margen de juego para la continuidad de la República se ha reducido considerablemente por la guerra política que desató Fuerza Popular luego de las elecciones del 2016 y la persistencia en la confrontación y destrucción institucional del ex presidente Vizcarra. De pronto, uno de los mejores momentos de nuestra historia republicana se convirtió en uno de los más turbulentos.

El referendo y la reforma constitucional que desarrolló la administración Vizcarra, prácticamente destruyeron el sistema político. La prohibición de reelegir congresistas y la negativa a instalar un Senado han organizado uno de los peores legislativos de nuestra historia. Y nada indica que el futuro Congreso sea mejor. La destrucción del sistema político, igualmente, se expresa en la existencia de 24 candidatos –al margen de honrosas y valiosas excepciones– sin mayor tradición en la vida política y el debate programático. De alguna manera solo elegiremos entre personalidades.

De otro lado, en los últimos 30 años –desde las reformas económicas de los noventa– nunca el sector privado había sido tan golpeado por una crisis: una megarrecesión que destruirá alrededor de 12% del PBI, una ola de quiebras de empresas y millones de empleos perdidos. Asimismo, el desbarajuste macroeconómico es de tal envergadura que hoy es necesario hablar de un ajuste: 10% del PBI en déficit fiscal, un endeudamiento público de cerca del 40% del PBI, y una recaudación tributaria en constante caída.

En este contexto –a pesar del exabrupto incomprensible de la reforma policial, que solo debilita la transición– si la administración Sagasti logra restablecer la paz social, promover el funcionamiento de las instituciones y evitar que se siga manoseando el modelo económico (por las iniciativas populistas y demagógicas de las bancadas colectivistas), se habrá hecho lo necesario para preservar las instituciones republicanas.

Un mínimo de gobernabilidad en el Perú no solo le devolvería cierta vitalidad a nuestras maltrechas instituciones, sino que sería un factor decisivo en la reactivación económica. Sin embargo, para avanzar en esa ruta no se debe volver a cometer los yerros y exabruptos de la reciente reforma policial. Se deben extender puentes de verdad –no para la fotografía– con todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, en el Congreso los sectores republicanos –Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular–, al margen de las alas izquierdistas y los líderes que solo son candidatos de sus respectivas agrupaciones, deben buscar formar una mayoría que evite la destrucción del modelo económico mediante el aumento de las sobrerregulaciones para las inversiones privadas en minería, la explotación de los recursos naturales, las agroexportaciones y la creación de infraestructura que, seguramente, promoverá el Frente Amplio desde la mesa directiva.

El Perú demanda sabiduría y prudencia de sus fuerzas republicanas. A estas alturas solo se trata de garantizar que las elecciones del 2021 sean transparentes, se preserve el modelo económico y se enfrente con firmeza la estrategia de las corrientes colectivistas y comunistas que, mediante la movilización de la calle, pretenden doblegar a las instituciones republicanas para que la crisis desemboque en una asamblea constituyente. Es decir, para que la crisis posibilite la perpetuación en el poder de un caudillo, de un partido o de una nomenclatura, tal como sucedió con el chavismo.