¡Salvar al sector privado cueste lo que cueste!

Las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo y respaldadas “constitucionalmente” por un sector irresponsable de intelectuales han desencadenado la desinstitucionalización general de la República. Además el desarrollo de la pandemia y el fracaso de las políticas sanitarias han sumado crisis institucional, política y megarrecesión en un peligroso cóctel. En este contexto, la reforma constitucional que prohibía la reelección congresal ha posibilitado la elección de un Congreso que, a estas alturas, es inexplicable. No exageran quienes sostienen que quizá ya estemos frente a uno de los peores legislativos de nuestra historia.

Las bancadas del Congreso, en vez de dedicarse a fiscalizar al Ejecutivo y restablecer el equilibrio de poderes alterado con el cierre inconstitucional del pasado Legislativo, se han embarcado en una fiesta populista que busca directamente la destrucción del sector privado emergido en las últimas tres décadas, con el único objetivo de ganar la popularidad de la semana. 

Los populistas y los demagogos suelen buscar una justificación para su lugar en la política, y culpan al sector privado de todos los males. No obstante que alrededor de 40 corporaciones, aportan el 85% del impuesto a la renta; no obstante también que el 80% de los ingresos del Estado lo provee este mismo sector privado, y pese igualmente a que el 85% del empleo lo ofrece el sector privado. El universo empresarial del país es la gallina de los huevos de oro de donde se sacan los US$ 65,000 millones que gastaba el Estado hasta antes de la pandemia. Sin embargo, se pretende matarla.

Los populistas y demagogos también suelen esconder el fracaso del Estado en la política sanitaria y pretenden cargar las culpas a las clínicas privadas, que solo atienden al 5% de la población; o a las farmacias privadas, que solo manejan el 20% de la oferta de medicinas (el 80% restante a cargo del Estado), con el fin de crear un chivo expiatorio y limpiar de culpas a los políticos.

En el Perú todo, absolutamente todo, incluso el sueldo de los congresistas, depende del sector privado. Sin embargo, por desinformación y falta de conciencia política, el populista cree que puede jugar con las reglas del mercado, saltarse la Constitución y hacer demagogia para proponer regular precios y mercados en farmacias, educación, bancos. Propone derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) y juega al buena gente con el sistema privado de pensiones, ofreciendo retiros que liquidan el futuro de los jubilados y aumentan el déficit fiscal mediante devoluciones de aportes de la ONP que no existen. 

Es evidente que el demagogo y el populista del Congreso está en competencia con el Ejecutivo, que inició este terrible huracán populista. Es evidente, no lo negamos. El Gobierno actual ha destruido la macroeconomía nacional y nos dejará alrededor de un 10% de PBI en déficit, y una deuda pública que sobrepasará el 35% del PBI. Todo eso es verdad.

Sin embargo, tiene que surgir un sector en el Congreso y en el Ejecutivo que asuma la política con grandeza y que recuerde que, no obstante la destrucción que nos deja la pandemia, el actual sector privado –que ha posibilitado triplicar el PBI, reducir pobreza de 60% de la población a solo 20% y que nos había convertido en una sociedad de ingreso medio hasta antes de la pandemia– es uno de los mejores activos de nuestra historia republicana.

Dejen, pues, de jugar con fuego. Recuerden que las corrientes comunistas pretenden destruir al sector privado porque es la manera directa de justificar una ola de estatizaciones para centralizar el poder político y económico. No jueguen, pues, con la guillotina que los decapitará en una, como se suele decir en el argot popular. 

De allí que sea hora de iniciar una campaña para defender al sector privado, cueste lo que cueste. No se puede defender las libertades políticas y el equilibrio de poderes sin defender la economía de mercado.