La comisión de Constitución del Congreso de la R...
La torpeza del presidente Castillo y de su entorno político, al parecer, no tiene límites. Castillo acaba de relevar abruptamente a Mariano González del Ministerio del Interior (Mininter), no obstante que el mencionado titular apenas estaba dos semanas en el cargo. Y de las propias declaraciones del ministro saliente y de los propios hechos se puede concluir que González fue relevado del cargo por su decisión de apoyar las investigaciones en contra de la corrupción.
González había designado un equipo de policías para apoyar las investigaciones del equipo especial del Ministerio Público, encargado de investigar la corrupción vinculada al poder político y, unos días antes, se había pronunciado señalando que un grupo de ronderos sí había secuestrado a dos periodistas de Cuarto Poder, y que investigaban actos cuestionados vinculados a la familia presidencial. En este contexto, Castillo decidió la salida de González con todas las malas maneras que parece caracterizar al círculo interno de Palacio de Gobierno.
Una primera ojeada de los hechos nos lleva a preguntarnos por la torpeza infinita de un Gobierno y de un jefe de Estado. En medio de la frágil situación del Ejecutivo, una decisión de esta naturaleza es como echar varias toneladas de gasolina a un fuego crepitante. Sin embargo, otra conclusión posible es que todo se trate de la clásica estrategia bolivariana de polarizar un país hasta el límite, de evitar los diálogos y los centros, y que todo se defina en los extremos de la confrontación. Si esa es la estrategia, es incuestionable que Castillo y su gobierno siguen apostando por una colisión final.
Lo cierto es que el relevo de González del Mininter deja en evidencia que el propio Castillo está obstruyendo las investigaciones de la justicia y que, sin lugar a dudas, ha sumado otro argumento a favor de la incapacidad moral permanente que se le atribuye para ejercer la jefatura de Estado.
De otro lado, luego del relevo de González queda en evidencia que de ninguna manera en el Gobierno de Castillo existirá un camino de rectificación y ajuste en el desgobierno y el proceso de destrucción nacional de las instituciones, de la economía y de la sociedad. Queda en evidencia que el proceso de implosión del Estado y de la sociedad continuará sin detenerse. En este escenario, ¿hasta cuándo pueden resistir el Perú y la peruanidad sin ingresar a una espiral de desorganización de consecuencias impensadas?
Por todas estas consideraciones, resulta incuestionable que el Congreso no podrá seguir eludiendo su responsabilidad de relevar al peor Ejecutivo de nuestra historia republicana. Si bien existe un justo temor de que proceda la vacancia de Castillo y se entregue el poder a la Vicepresidente, Dina Boluarte –quien podría protagonizar otro capítulo más cruento de esta guerra política que destruye el sistema republicano– existen todas las herramientas constitucionales para evitar este escenario y acelerar el proceso.
La acusación constitucional en contra de Boluarte en base a un informe impecable de la Controlaría debería proceder con premura y dejar la sucesión constitucional en el Congreso. Luego el Legislativo deberá decidir entre la vacancia y la inhabilitación del Jefe de Estado para iniciar una transición política que nos posibilite superar la destrucción nacional desatada por el Gobierno de Castillo, Perú Libre y el Movadef.
No obstante, vale señalar que la urgencia de iniciar la transición tiene otra condición fundamental: que la mayoría de bancadas democráticas en el Congreso tengan la suficiente responsabilidad de convocar a un amplio acuerdo nacional para elegir una mesa directiva que detenga la constituyente y la destrucción nacional e inicie la transición política de uno de los momentos más oscuros de la historia republicana.
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