Es evidente que el Perú es una sociedad bloqueada &ndas...
El operativo de la policía nacional del Perú (PNP) en la Vía Expresa, en contra de tres criminales avezados, no solo tuvo ribetes cinematográficos, sino que también reveló un nuevo momento de la PNP en contra del crimen organizado. ¿Por qué? Es evidente que la inteligencia fue el eje rector de la operación y que, además, hubo un mando centralizado desde el comando central policial. La participación en el operativo del coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos (herido en acción), y la llegada del general PNP Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP, minutos después de haberse reducido a los delincuentes, lo demuestra.
Sin embargo, hay un aspecto que merece subrayarse: la confianza de los policías, de los comandos SOAT y de los efectivos en general para hacer uso legítimo de la fuerza pública constitucional. Los policías dejaron en claro que el poder de fuego no estaba del lado de la criminalidad sino de los defensores del Estado de derecho. En este aspecto, más allá de las legítimas críticas al Legislativo por normas cuestionadas, merecen ser destacadas y elogiadas las leyes aprobadas en el Congreso que respaldan y protegen la acción policial. En este aspecto se ha propinado un durísimo golpe legal a las izquierdas y a las oenegés que buscan judicializar a los efectivos de la PNP que hacen uso reglamentario de sus armas.
Sin embargo, el problema principal de la lucha contra la ola criminal reside en la falta de autoridad del Ejecutivo y la ausencia de una política de Estado que convoque a todas las instituciones del Estado de derecho, gobiernos regionales y municipios a converger unificadamente contra la criminalidad. Hoy los enfrentamientos entre el Ministerio Público –que se niega a aplicar leyes aprobadas por el Congreso– y la PNP revelan el grave vacío de autoridad y la tendencia a la anarquía que se ha instalado en el Estado. Es imposible imaginar reformas inmediatas en el sistema de justicia, proyectos de construcción de cárceles y reaperturas de otras (como el Frontón, por ejemplo) y la convocatoria general a la sociedad y el sector privado para desarrollar una lucha frontal contra la ola criminal con un Ejecutivo que carece de autoridad y parece empeñado en sobrevivir institucionalmente.
En este estado de cosas es evidente que las grandes reformas y las nuevas políticas sobrevendrán con el nuevo gobierno a instalarse el 2026. Todo lo cual de ninguna manera significa dejar de tomar medidas de emergencia para contener la ofensiva criminal. Por ejemplo, el crimen organizado se focaliza en desarrollar un control territorial de barrios, distritos e incluso provincias, con el objetivo de generar una industria de la extorsión. Según informes del Ministerio del Interior solo en Lima operan más de 200 bandas criminales que pretenden organizar el control territorial de las extorsiones.
¿Qué hacer? Así como se ha empoderado legislativamente la acción policial se tiene que fortalecer a las más de 1,400 comisarías a nivel nacional para relanzar una ofensiva contra el control territorial de las bandas. Según diversas informaciones del sector Interior, solo el 30% del total de comisarías están en condiciones adecuadas para funcionar, mientras que el 70% está en situación de precariedad. De otro lado, el armamento de la mayoría de las comisarías tiene una antigüedad de más de 20 años y de los más de 18,000 vehículos de la PNP (entre autos, camionetas y motocicletas) solo el 56% está en posibilidades de operar por falta de mantenimiento.
El control territorial de las bandas criminales para desarrollar la industria de la extorsión requiere un nuevo tipo de comisaría, con efectivos suficientes, infraestructura de calidad, poder de fuego moderno y tecnologías de comunicación superiores al de cualquier banda criminal.
Un objetivo de este tipo se puede conseguir hasta el nuevo gobierno del 2026. ¿O no?
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