Reforma policial: complicando la transición

La decisión del presidente, Francisco Sagasti, de pasar al retiro a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para nombrar al general PNP César Augusto Cervantes como nuevo Comandante General PNP, de una u otra manera, complica la transición hacia las elecciones del 2021 y afecta de gravedad a la propia administración Sagasti.

En primer lugar, vale aclarar que la reforma integral de la Policía Nacional nunca será responsabilidad de una administración interina, sobre todo cuando en pocas semanas se instalará un nuevo Ejecutivo y un nuevo Congreso, elegidos por sufragio nacional. La idea de que una comisión elaborará una propuesta de reforma integral de la policía en un plazo de 60 días, simplemente evoca los intentos de “reformas” de la administración Vizcarra que, sin diálogos ni consultas con otros sectores del país, nunca han producido mejoras institucionales.

En segundo lugar, la administración Sagasti necesita establecer una relación fluida con el Congreso y la propia policía para enfrentar la única estrategia que puede desestabilizar a la actual administración: la movilización de “la calle”, promovida por las izquierdas radicales para presionar a las instituciones y obligar a una convocatoria a una asamblea constituyente. 

El Gobierno del presidente Sagasti, con la poda general de la alta oficialidad de la PNP, solo ha conseguido alborotar el recinto parlamentario. Mientras que en la institución policial se supo de la renuncia irrevocable al cargo de Willian Rojas, Inspector General de la PNP, y se anuncia una protesta policial para los primeros días de diciembre.

De otro lado es error de extrema gravedad no haber cumplido con el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional, que establece que el comandante general de la PNP se elige entre los tres oficiales de más antigüedad del escalafón. Cualquier reforma o superación institucional debe nacer del respeto a la ley y la Constitución.

Todos los errores que acumula el Ejecutivo en esta primera decisión podrían afectar a la estabilidad del Gobierno interino que, de acuerdo a la Constitución, luego de la vacancia del ex presidente Vizcarra, representa a la mesa directiva del Legislativo. Si las cosas son así, ¿por qué el presidente Sagasti no convocó a las diferentes corrientes legislativas en una decisión tan importante?

Ningún peruano de buena voluntad puede querer la inestabilidad de la administración Sagasti. Sería una verdadera locura, una apuesta al caos que solo favorece a las fuerzas antisistema. Sin embargo, el Gobierno interino debe recordar su propia naturaleza; es decir, que se trata de un gobierno parlamentario establecido ante la excepcionalidad que se ha presentado con el proceso de vacancia. Igualmente debe recordar que expresa a las minorías representadas en el Congreso,  y que tiene la obligación de dialogar, de establecer puentes e ignorar el estilo polarizante de la anterior administración.

Por todas estas razones la administración Sagasti tampoco puede asumir como suyos todos los relatos que buscan demonizar a la Policía Nacional, presentándola prácticamente como una institución que viola los derechos humanos. De ninguna manera. Si bien el Ejecutivo tiene la obligación de exigir que se investigue y se sancione las muertes lamentables de Inti y Bryan, no puede asumir como ciertas las innumerables leyendas y mentiras que se lanzaron contra nuestros policías, que señalaban la existencia de 65 desaparecidos –denuncias hoy verificadas como falsas– y otras imputaciones.

El presidente Sagasti debería convocar a la mayoría de bancadas que lo encumbraron como jefe de Estado, explicar su apuesta por la reforma policial y rectificar si fuese necesario. Lo que no puede suceder es que, por atender las estrategias y objetivos de un sector político, en el Estado se genere un clima de inestabilidad para la administración interina, que podría convertirse en una verdadera tragedia nacional.