¿Reforma o guerra universitaria?

Acerca de la acción de inconstitucionalidad contra la ley universitaria

La noticia de que 45 legisladores de las bancadas de Fuerza Popular, Concertación Parlamentaria, Solidaridad Nacional, del PPC-APP y Unión Regional acaban de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Universitaria, aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, nos revela con meridiana claridad que, en vez de una reforma,  la flamante legislación universitaria ha desatado una verdadera guerra campal que tensará todos los resortes institucionales del Estado.

Si a esto le sumamos que muchas universidades también han anunciado que presentarán sendas acciones de amparo ante la Judicatura, el asunto se vuelve más claro: en la guerra participarán el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y sus disímiles jueces, y las propias universidades. ¿Alguien cree que  este escenario, la llamada Ley Mora cumplirá los objetivos que se ha propuesto? Todo el sistema democrático se pondrá en en vilo por el juego autoritario de quienes aprobaron al carpetazo una ley que debió ser consultada y debatida hasta agotar los argumentos en busca de los consensos necesarios.

La congresista Martha Chávez, apoderada de la demanda de los congresistas, ha señalado que la nueva norma vulnera más de 10 artículos constitucionales, pero la argumentación ante el Tribunal Constitucional se centrará en la violación de la autonomía universitaria y del derecho a invertir del sector privado en educación. El general Mora respondió ante la demanda de los congresistas con una respuesta grosera: “El poder del bolsillo no puede quedarse tranquilo”.

A nuestro entender la gran batalla judicial y constitucional se desarrollará alrededor de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), organismo dependiente del  Ministerio de Educación, que, de una u otra forma, siempre será una especie de espada de Damocles sobre el sistema universitario.

Quizá la mayor osadía del régimen humalista es haber creado un organismo que se pasea olímpicamente sobre el concepto de autonomía universitaria que la Constitución de 1993 consagra sin cortapisas. Una autonomía que, incluso, desde el fujimorato, ya no se entendía como una forma de extraterritorialidad política y administrativa, sino académica y científica. Finalmente, el régimen de Fujimori en colaboración con los rectores de las universidades públicas autorizó el ingreso de las fuerzas armadas a los campus universitarios para enfrentar al terrorismo senderista sin meter la nariz en el tema académico.

Cuando el famoso Sunedu se convierte en un organismo todopoderoso con facultades para determinar qué universidades son buenas o malas en vez de los ciudadanos y consumidores (padres de familia y estudiantes), entonces, la autonomía universitaria se ha vuelto un simple saludo a la bandera.

Ahora bien, una última reflexión sobre esta guerra que ha iniciado el gobierno en las universidades: No obstante que el gran responsable de la debacle del sistema universitario es el Estado, éste le ha cargado las tintas a la inversión privada en la educación superior. ¿Cómo así?

No se puede negar que existen malas universidades privadas. Pero tampoco se puede negar que, con la promoción de la inversión privada en la educación superior, han surgido universidades de excelencia que han terminado barriendo académicamente a las universidades públicas y algunas de las llamadas asociativas.

Una de las cosas más sorprendentes es que los profesores de la universidad Católica se han convertido en acérrimos defensores de la ley Mora y han calificado a las universidades privadas como “mercachifles” o, simplemente, universidades de lucro. ¿Por qué los académicos de La Católica salen a oxigenar y a defender al Sunedu? Aquí  ensayamos una hipótesis que se convertirá en un trabajo de investigación de este Portal: las universidades privadas de excelencia ofrecen una educación largamente superior y a precios muy bajos en comparación con la oferta de la universidad del fundo Pando.

Si esta hipótesis se demuestra verdadera, no solo estaríamos ante una ley animada por los viejos reflejos autoritarios que todavía son fuertes en el país, sino también por el velado interés mercantilista. Existe una universidad que pretende mantener el monopolio de la excelencia académica de la educación superior no pública (universidad asociativa) en diversas áreas y, como se ha visto amenazada, habría jugado en pared con el autoritarismo para protegerse legalmente. En todo caso, hay proyectos de ley presentados, boletas de pensiones y resultados académicos incontrastables para nuestra investigación.