Recuperar la autoridad del Estado en eventuales “zonas liberadas”

¿Es exagerado sostener que en el Perú existen zonas liberadas de la autoridad democrática del Estado? Afirmar que en determinadas zonas geográficas comienza a surgir un “orden” vinculado a las economías ilegales y acciones de minorías radicales, que nada tienen que ver con la Constitución y las leyes nacionales, ¿es una sobrerreacción derechista, “conserva” o reaccionaria? De ninguna manera. 

En el Perú no solo hay un proceso de implosión del Estado y una crisis de los servicios públicos por los nombramientos, dentro del Ejecutivo, de activistas y militantes colectivistas –sin ninguna formación profesional ni técnica– en funciones claves del Estado; no solo se han frenado tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza, sino que el Gobierno de Perú Libre parece promover la creación de zonas liberadas de la autoridad estatal.

En el Perú ya existe una región que puede ser considerada estrictamente una zona liberada ,en la que existe un orden económico, social y político, que nada tiene que ver con el sistema republicano y en donde, inclusive, existe una fuerza militar que quiebra el monopolio de las armas del Estado. Nos referimos al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la principal área de producción de hoja de coca y cocaína del país (alrededor de 300 toneladas de clorhidrato de cocaína anuales), y en donde la Constitución y las instituciones del Estado, como se dicen, están pintadas en la pared. Asimismo, en el país existen alrededor de 13 valles cocaleros que potencialmente pueden convertirse en zonas liberadas, a semejanza del VRAEM.

Siempre vale recordar que la ofensiva de Sendero Luminoso en los años ochenta –es decir, la ofensiva del maoísmo terrorista– se desencadenó cuando el Perú era el primer productor de hoja de coca y cocaína en el mundo, y cuando había varios valles cocaleros virtualmente liberados de la autoridad estatal. Sin el negocio ilícito de la droga, el terrorismo senderista no habría encontrado la base logística y material para su demencial estrategia.

A pesar de todos estos hechos, el Gobierno ha anunciado que no se continuará con la erradicación de cultivos de coca, que se comprará la producción de la hoja (el 90% de la producción se destina al narcotráfico), que se desarrollará un nuevo empadronamiento de los productores de la hoja y que, incluso, se podrían retirar las bases militares del VRAEM. Es evidente que estos anuncios nada tienen que ver con la afirmación de la democracia, la legalidad y la Constitución.

Asimismo, en las regiones mineras –sobre todo en Apurímac– la acción de minorías radicales y sectores privados extorsivos ha transformado grandes zonas en verdaderas tierras de nadie, en donde no tienen vigencia la Constitución, y las leyes y las instituciones del Estado no funcionan: desde la policía nacional (PNP) hasta las entidades de justicia. 

Las minorías bloquean carreteras nacionales, asaltan los campamentos mineros, queman activos y maquinarias de las compañías y atentan contra el cuerpo, la vida y la salud de los trabajadores. Sobre la base de esas estrategias violentistas plantean negociaciones, bajo el pretexto de una supuesta problemática social. Con ese tipo de acciones, por ejemplo, MMG Las Bambas, una de las diez minas más grandes del planeta, ha paralizado por cerca de 500 días y solo llegará a la mitad de su producción anual proyectada.

Como se aprecia la estrategia de convocar una asamblea constituyente y destruir el Estado, organizado sobre la base de la actual Constitución, tiene varios brazos: la implosión del Estado y el colapso de los servicios públicos con el nombramiento de funcionarios incompetentes, el frenazo del crecimiento –ahuyentado a la inversión privada para que haya menos empleo– y, por supuesto, la creación de zonas liberadas al margen de la Constitución.