¡Que Puno y el corredor minero no se conviertan en un nuevo Ayacucho!

La violencia insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho luego del golpe fallido de Pedro Castillo, a estas alturas, es evidente que está fracasando. Sin embargo, a medida que se restablece la gobernabilidad en el país, permanecen áreas en las que los partidos vinculados al eje bolivariano y el Movadef, el Fenatep, y el Sutep-Conare –todos ellos de orientación maoísta– pretenden instalar un nuevo orden, al margen de la Constitución y el Estado de derecho; es decir, pretenden instalar un sistema soviético.

De alguna forma es lo que empieza a suceder en Puno y el llamado corredor minero del sur, vía por la que se transporta al puerto de Ilo el mineral de las principales minas emplazadas en Arequipa, Apurímac y Cusco, y que producen más del 50% del cobre nacional. En Puno, por ejemplo, en el frente comunista –integrado por el Movadef, el Movimiento de Acción Socialista de Evo Morales y otros núcleos bolivarianos– se pretende convertir a Ilave (aymara) y Huancané (quechua) en los polos revolucionarios que controlen el nuevo orden en la región Puno, incluido las ciudades de Juliaca y Puno.

Si bien las vías comienzan a ser desbloqueadas por la incansable labor del Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP), es incuestionable que la mayoría de las carreteras siguen bloqueadas. Por otro lado, sobre la base de la movilización de estas dos provincias y los comités de lucha de Juliaca y Puno se intenta controlar el comercio, cobrar cupos a las familias, y pequeños empresarios, como si se tratara de un nuevo poder popular alternativo al sistema de Estado de derecho que se consagra en la Constitución.

Algo parecido sucede en el llamado corredor minero del sur. Desde que se desataron las oleadas violentistas contra el Estado de derecho –luego del fallido golpe de Castillo– las vías siguen bloqueadas. Si bien ya no se conocen de ataques e incendios a las minas del área, todavía no se puede trasladar el mineral al puerto por el bloqueo de la carretera. Igualmente las minas comienzan a paralizar la producción por falta de ingreso de insumos, tal como sucede con Las Bambas, desde el 1 de febrero pasado.

La estrategia del Movadef y de los núcleos del eje bolivariano, luego del fracaso de la insurrección contra el Estado de derecho, apunta a crear zonas liberadas de la autoridad de la Constitución para que prosperen y avancen el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y otras economías ilegales. Y, al parecer lo vienen logrando: en Puno, algunas cadenas comerciales anuncian su retiro de la región; y en el corredor, las minas comienzan a suspender operaciones por falta de insumos.

Semejante estrategia, salvando las distancias y las diferencias, evoca a la del terrorismo maoísta en el sur del país, particularmente en Ayacucho, durante los turbulentos años ochenta del siglo pasado. Se utilizaba el terror y la muerte para imponer “un nuevo orden social, en la economía y la producción” que respondiera la conducción del Partido Comunista.

Planteada las cosas así es evidente que el papel de las Fuerzas Armadas y la PNP debe ser reforzado, porque las fuerzas de seguridad no pueden llenar todos los vacíos que dejan las instituciones y la civilidad. Por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben crear instancias especiales –los magistrados de la zona están aterrados y amenazados– para procesar a todos los vándalos y delincuentes que han violado el Estado de derecho. Asimismo, los partidos políticos, sobre todo los que tienen tradiciones políticas, deberían relanzarse en Puno y en el corredor minero del sur para ayudar a las poblaciones a organizarse y a enfrentar a las milicias comunistas, en defensa de la producción, los mercados y la economía familiar.

El Perú debe comenzar a discutir un plan de emergencia para Puno y el corredor minero del sur, porque no se puede permitir que se creen zonas liberadas de la Constitución. No se debe permitir que se transformen en áreas parecidas a la de Ayacucho de los ochenta. Por eso es importante la decisión de Plaza Vea de mantener abierto su local en la ciudad de Puno, a pesar de los saqueos y el vandalismo de que ha sido objeto.