¡Presidente Vizcarra, encabece las fuerzas del acuerdo!

El presidente Martín Vizcarra acaba de convocar a una Legislatura Extraordinaria, para este 20 de julio, con objeto de remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin embargo, la convocatoria adoleció de yerros procesales constitucionales (luego subsanados por la publicación en el diario El Peruano). Se hizo mediante un simple oficio y parecía conminar al Congreso a destituir a los mencionados magistrados sin el debido proceso (establecido en la Constitución y el Reglamento del Legislativo). No obstante, la Junta de Portavoces del Congreso actuó con madurez y aceptó la convocatoria presidencial, autoconvocándose para la fecha y hora propuestas por el jefe de Estado.

Asimismo, en el Congreso se dejó en claro que se iba a respetar el debido proceso y que en la sesión de este viernes se tramitaría el caso de Iván Noguera, miembro del CNM que ya cuenta con el dictamen de las comisiones respectivas del Legislativo. Los demás casos se verán a partir del lunes 23, con los dictámenes respectivos. Más allá de cualquier exabrupto constitucional en la convocatoria a la Legislatura Extraordinaria, los peruanos de buena voluntad solo hacemos votos para que este momento sea el inicio de una convergencia Ejecutivo-Legislativo para sancionar a los corruptos y reformar las instituciones del sistema de justicia.

Si no se produjera esa convergencia Ejecutivo-Legislativo se estaría haciendo el juego al sector que pretende utilizar la indignación ciudadana para cerrar el Congreso y adelantar las elecciones. En este contexto, el Perú enfrenta una disyuntiva: avanzar hacia un acuerdo Ejecutivo-Legislativo (que lleve a cabo la mencionada reforma) o repetir la colisión de poderes que casi termina con la gobernabilidad durante la administración pepekausa.

Se trata de la misma disyuntiva que enfrentó PPK, pero su voluntad de escuchar el consejo de los aventureros, finalmente, lo llevó a renunciar a la presidencia de la República. Por estas razón no se debería escuchar a quienes han aconsejado a Toledo, Humala y PPK, con los tristes resultados para la República que todos conocemos. Y no se les debe escuchar porque la guerra política afecta a la democracia, el crecimiento, la inversión privada y la continuidad del proceso de reducción de pobreza. Es decir, la guerra es enemiga, principalmente, de los más pobres.

En una guerra sin cuartel los sectores que más posibilidades de sobrevivir tienen son las fuerzas del antisistema y Fuerza Popular; aunque seguramente surgiría un fujimorismo más duro e inclinado al autoritarismo. El análisis que se procesa en los medios acerca de una liquidación del fuerzapopularismo y las encuestas oportunas que se suelen publicar para determinadas coyunturas, muchas veces confunden los deseos con la realidad. El deseo de vetar a un movimiento político.

Por todas estas consideraciones nos atrevemos a sugerir que la ola de indignación ciudadana se convierta en un momento de convergencia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para sancionar la corrupción y procesar las reformas (constitucionales y legales) en el sistema de justicia. Si el jefe de Estado realmente tiene una voluntad reformista para el sistema de justicia, no habrá fuerza en la sociedad, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, que pueda detener esa reforma. El país inevitablemente convergerá en reformas y, de una u otra manera, las instituciones restablecerán sus vínculos con la sociedad. Y quedará claro que todavía hay autoridades públicas, jueces, fiscales y congresistas probos, que apuestan por una salida republicana para resolver la crisis política desatada luego de las elecciones del 2016.

Si emerge esa tendencia proacuerdo, proconvergencia, nuestra democracia —que avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones— dejará en claro que todavía tiene capacidad de autoregenerarse, institucionalmente y con la Constitución en la mano. En este contexto, interrogantes sobre cómo se modifica la composición del Consejo Nacional de la Magistratura o si se elimina esta entidad para crear otros sistemas de designación y control de los jueces enriquecerán el poco debate republicano que todavía existe en nuestra democracia.

Como parte de ese proceso se podrá discutir cuál es el papel de una nueva Corte Suprema (conformada por notables juristas del país), cómo evitamos que un sector de la Fiscalía pase a ser controlado por un sector político, cómo detenemos la metástasis de la corrupción en el Poder Judicial y que reformas legales penales se deben efectuar para evitar la terrible judicialización del espacio público que afecta al país.

La renuncia del ex presidente Kuczynski ha generado un justificado optimismo en la economía y los mercados: crecimiento de 7.8% en abril y 6.43% en mayo. No sería nada extraño que el Perú se acerque al 4% de expansión para el 2018, sobre todo por el avance de la demanda interna. ¿Qué significan semejantes datos? Que la sociedad y la economía exigen entendimientos para seguir creciendo, y que claman por instituciones sólidas y un buen manejo político.