¿Por qué se demoniza a la policía?

Es incuestionable que las investigaciones sobre las lamentables muertes de Inti y Brian, dos jóvenes que marcharon en las protestas pasadas, deben investigarse y sancionarse. Sin embargo, la voluntad de investigar estos casos debe estar a distancias siderales de la estrategia de demonizar y liquidar a la Policía Nacional del Perú.

Hoy es evidente que detrás de la denuncia de 65 desaparecidos durante las movilizaciones pasadas –que difundieron congresistas y oenegés de izquierda, y que circularon alrededor del mundo– hubo la clara intención de demonizar y destruir la moral de la Policía Nacional del Perú (PNP). Hasta hoy los congresistas y las entidades que lanzaron estas noticias presentando al Estado peruano como uno vinculado a la violación de los Derechos Humanos no han extendido las correspondientes disculpas a nivel nacional e internacional. La guerra política entre los actores del sistema republicano no puede destruir la imagen de la República, a menos que se pretenda acabar con los últimos restos de la comunidad política.

Ahora bien, este tipo de denuncias infundadas no es una novedad en América del Sur. En realidad, durante las movilizaciones en Chile, que doblegaron a las instituciones y desembocaron en la convocatoria de una asamblea constituyente, las denuncias de decenas desaparecidos –que luego se demostró que eran falsas– también proliferaron. El objetivo: demonizar a los carabineros y liquidar su moral institucional.

¿Cuál es el plan de esta estrategia? Uno solo: convertir a las movilizaciones y las protestas en los grandes electores del sistema republicano. Es decir, relativizar el papel de la Constitución, las leyes y las instituciones en la preservación del orden público con el objeto de que las minorías movilizadas dobleguen a las instituciones. Esta estrategia ya se implementó en el Perú: en la elección de Francisco Sagasti como presidente interino para dirigir la transición, la mayoría de bancadas se inhibió de ejercer la representación para la que fueron elegidos, debido a una supuesta demanda de la calle. Las minorías decidieron el futuro de las instituciones republicanas.

De otro lado, la demonización de la Policía Nacional tendrá un efecto inmediato: el bloqueo de los proyectos de inversión en minería, gas, hidrocarburos y la paralización de múltiples inversiones, por el desarrollo de la violencia y la neutralización de las instituciones del Estado. Para todos es conocido que las diversas estrategias antimineras buscan paralizar la minería para favorecer a especuladores de metales internacionales y agravar la crisis económica del país, paralizando el aparato productivo. En otras palabras, crear el mejor escenario para las propuestas colectivistas que pretenden explicar la actual crisis institucional, política, económica y social, denunciando el “modelo neoliberal”

Es evidente entonces que el objetivo de demonizar a la policía es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de convocar una constituyente e imponer el lenguaje de la calle por encima de las propias instituciones. De allí la enorme trascendencia de defender a la PNP que, durante la emergencia y la pandemia, al lado de médicos y enfermeras, se convirtió en una de las instituciones que preservó a la peruanidad en medio de todos los efectos desorganizadores de una peste que sorprendió al Perú y al mundo.

En este contexto, la administración Sagasti no puede jugar a las medias tintas con respecto al papel de la policía en la organización de la sociedad. De ninguna manera. La Constitución y las leyes obligan al jefe de Estado a defender el papel de la PNP, así como a cualquier estrategia para preservar el orden y la estabilidad hacia las elecciones del 2021. De lo contrario, el propio Ejecutivo será golpeado por el llamado lenguaje de la calle.