La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Cuando se desarrollaron las reformas económicas de los noventa –que demolieron el Estado empresario a través de las privatizaciones– cuando se desregularon los mercados y precios, cuando se liberalizó el comercio exterior y cuando se estableció la autonomía del Banco Central de Reserva, no hubo un consenso nacional alrededor de estas transformaciones. Es más, por los rasgos autoritarios de la administración de Fujimori y el discurso en contra de los partidos tradicionales, de alguna manera las reformas se desarrollaron a contracorriente de los consensos imperantes.
Sin embargo, durante tres décadas y medias todos los gobiernos mantuvieron el modelo económico y el PBI se cuadruplicó, la pobreza se redujo del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (luego del gobierno de Castillo este flagelo ha llegado al 30%) y se organizó una sociedad de mayoría de clases medias. Ni siquiera Castillo pudo cambiar el modelo a pesar de que, desde el inicio, gobernó en contra de él. No obstante, los políticos, los discursos y las narrativas y relatos que pasaron a ser dominantes en la sociedad demonizaron la economía de mercado y el régimen económico de la Constitución. Por ejemplo, Toledo, Humala y Castillo ganaron la elección satanizando “la explotación neoliberal”.
¿Qué podía desencadenar esa esquizofrenia en la que todos los políticos vituperaban del modelo y al mismo tiempo lo mantenían? El primer campanazo se produjo a inicios de la segunda década del milenio cuando se paralizaron los proyectos Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca. El bloqueo de los dos proyectos emblemáticos vino con una sobrerregulación de todos los procedimientos para las autorizaciones de exploración y explotación en la minería. Si se demonizaba a la minería moderna –una leyenda falsa y arbitraria– como una amenaza para los recursos hídricos destinados al consumo humano y a la agricultura, el resultado natural iba a ser la creación de más procedimientos para controlar a los malos de la película. Unos años después se llegó a tener más de 200 procedimientos en el sector. La minería fue paralizada.
Un sector que resistía el embate de los relatos y narrativas en contra de la inversión siempre había sido el sector agroexportador porque, en dos décadas, había incrementado las agroexportaciones de US$ 655 millones a más de US$ 10,000 millones y el empleo agrario aumentó a un millón, entre directos e indirectos. Sin embargo, una revuelta en la Panamericana Norte y el gobierno progresista de Sagasti se confabularon para derogar la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) y eliminar el régimen tributario promocional y la flexibilidad laboral. Hoy la nueva ley agraria, Ley 31110, promueve la negociación sindical por rama, la creación de sindicatos artificiales y una bonificación especial del salario agrario por encima de la remuneración mínima vital. El resultado: no hay nuevas inversiones, todo está detenido y se pierden 100,000 empleos cada mes.
Si analizamos la legislación laboral observaremos que el país ha adoptado el modelo soviético por la existencia de una estabilidad laboral casi absoluta y la declaratoria de derechos de aquí para allá, al margen de la productividad de las empresas. La consecuencia: el 75% del empleo está en informalidad.
Cualquiera sea el sector del Estado que se analice, ya sean los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios, todo está sobrerregulado, todo está burocratizado, porque es el resultado natural de demonizar al sector privado y las iniciativas de la sociedad. Para controlar al “empresario explotador, que extrae la plusvalía de los trabajadores”, se deben crear más procedimientos y empoderar al burócrata, al Estado en general.
La burocratización del Estado, pues, también es una estrategia anticapitalista, porque las sobrerregulaciones bloquean y ahuyentan las inversiones creando más pobreza en la sociedad. Otro resultado de la burocratización estatal es la informalidad que nadie controla en el país.
Debemos entonces invertir los relatos: el Estado se ha convertido en la principal fuente de pobreza e informalidad en la sociedad.
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