Se ha vuelto un lugar común denostar del actual Congres...
Está por cumplirse un año del intento de Pedro Castillo de perpetrar un golpe de Estado, cerrar el Congreso y disolver las instituciones tutelares con el objeto de instalar una constituyente. Sin embargo, muchas normas promulgadas por ese Ejecutivo, que gobernó contra la Constitución y la economía de mercado, siguen vigentes. Entre ellas están el decreto que prohíbe el uso de la leche en polvo importada en la elaboración de la leche evaporada y los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral, y que fomentan la sindicalización artificial (en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales) y el libertinaje en el ejercicio del derecho a la huelga.
El Decreto Supremo 0004-2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario (Midagri) es abiertamente inconstitucional, porque establece una distinción entre productos nacionales y extranjeros sin ninguna base científica (nacional o internacional) para prohibir el uso de la leche en polvo importada en la elaboración de leche evaporada. Pero lo más grave: afecta a los pequeños productores lácteos y solo beneficia a los grandes ganaderos. La industria láctea ya no puede usar la leche en polvo importada para estabilizar las diferentes calidades de leche que producen los pequeños ganaderos que carecen de tecnologías, asesoría y capital para producir la leche fresca con los estándares que demanda la industria láctea.
En el caso de los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que fomentan la guerra de clases entre trabajadores y empresarios (prohibición de tercerización, sindicalización artificial y libertinaje en el derecho a huelga), fueron promulgados sin considerar el criterio tripartito en la elaboración de normas y políticas laborales del Estado (Estado, empresarios y trabajadores), porque respondían a la orientación comunista de la llamada Agenda 19 del Movadef. En la práctica los mencionados decretos laborales pretenden fomentar la llamada autogestión velasquista de las fábricas.
Planteadas las cosas así surge una pregunta inevitable: ¿Por qué las bancadas democráticas –más allá de la precariedad y fragmentación–, que detuvieron el golpe de Castillo y la constituyente, no derogan las mencionadas normas de clara orientación contra la economía de mercado? Muy por el contrario, las izquierdas en general siguen avanzando en sus objetivos en desmontar el modelo económico, tal como se expresa en el reciente acuerdo de la Comisión de Trabajo del Legislativo que propone retirar hasta el 100% de los aportes a las cuentas individuales del sistema privado de pensiones.
Y si a estos hechos le agregamos el clamor nacional, que comienza a venir de todos lados, acerca de la urgencia de restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que establece regímenes tributarios y laborales promocionales para todo el agro nacional (no solo para la agroexportación), con el objeto de relanzar inversiones en el sector agroexportador, el asunto se vuelve difícil de explicar.
A nuestro entender la mayoría de bancadas democráticas, de una u otra manera, sigue atrapada bajo la narrativa de las izquierdas, que señala que las causas de los problemas nacionales proviene de “la explotación de las empresas”, no obstante que el sector privado produce el 80% de los recursos del Estado, provee más del 80% del empleo y explica el 80% de reducción de pobreza en las últimas décadas.
Si las bancadas democráticas no son capaces de defender el modelo y entender que el sector privado, la inversión privada son los motores y el combustible del crecimiento, la reducción de pobreza, y también de la estabilidad institucional, tarde o temprano un nuevo Castillo, quizá más avezado, llegará al poder.
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