¡Política proinversión ya!

En pocas horas una mayoría clara del Congreso ratificó a Rafael Merino en la presidencia del Congreso por 93 votos, rechazó la censura de la ministra de Economía –María Antonieta Alva– por 73 votos y también se opuso a la vacancia presidencial. Se puede estar de acuerdo o desacuerdo con esa mayoría del Congreso, pero los miembros del Ejecutivo, los observadores políticos y la sociedad en general deben ser capaces de leer las intenciones de esa mayoría.

Los análisis extremos siempre dirán que en el proceso de vacancia pasado ganó el Ejecutivo o perdió el Congreso, porque hay incapacidad de abandonar la lógica de guerra e imaginar posibilidades políticas. A los sectores oficialistas, el Congreso no le merece ningún crédito. Para ellos un nuevo cierre del Legislativo vendría bien. De otro lado, a los opositores al Ejecutivo, que luchan por el equilibrio de poderes, ni les va ni les viene el futuro del sector privado. Es un factor más. No entienden que el colectivismo autoritario no solo pretende centralizar el poder político sino también el poder económico, con objeto de inaugurar un gobierno de largo plazo sin ganar elecciones.

Quizá valga recordar algunas cosas. El Gabinete Zevallos, en realidad, fue el gabinete del Frente Amplio y los colectivismos, con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas de rehén ideológico. Algún día sabremos si los yerros en la pandemia (que comienza a terminar por el curso natural del virus), que han desatado la más alta letalidad y la megarrecesión más grave del planeta, fueron adrede para destruir el sector privado o solo fueron sumas de incompetencias e ineficiencias.

Es en este contexto en que se deben leer las últimas decisiones del Congreso. Lo demás puede ser producto de las pasiones, o incluso tendencias de artistas que no descubren su vocación y siguen haciendo política por inercia. Y es evidente que la única lectura del rechazo a la censura de la ministra Alva es que el Congreso quiso empoderar al MEF, enviar el mensaje que las alas izquierdistas y castrenses del Gabinete Martos deben subordinarse a la lógica del MEF. Incluso hubo una devastadora especulación: si se censuraba a Alva quizá ingresaría un ministro del Frente Amplio, uno de esos irresponsables que suelen rendirse ante la ideología y crear fábricas de pobreza y de menesterosos.

El mensaje de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Somos Perú es claro: se empodera al MEF porque se defiende el modelo, y en ese camino se vota contra la UPP y el inexplicable Podemos. Sin embargo, para que ese mensaje funcione debe ser entendido por el propio jefe de Estado y el propio MEF. De lo contrario, la guerra política se incrementará y crecerá. En este escenario si el sector privado aporta el 80% de los ingresos del Estado y si provee el 80% del empleo, ¿cómo es posible que los burócratas colectivistas del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Salud sigan ahorcando a la gallina de huevos de oro? 

Existen algunas noticias que son realmente surrealistas. Se conoce que la Sunafil (del Ministerio de Trabajo), por ejemplo, ha redoblado sus intervenciones “ en defensa de derechos laborales”, cuando el Perú ya ha perdido cerca de siete millones de empleos, miles de empresas quiebran y otras miles luchan por sobrevivir, pagar a sus trabajadores y sus respectivos impuestos. Y este llamado de auxilio vale para las grandes corporaciones, las medianas empresas y los millones de pymes, formales e informales.

El comunista señalará, ¿por qué las grandes corporaciones? La respuesta es una sola: porque alrededor de 40 empresas pagan el 85% del impuesto a la renta. Si se sigue esa lógica se está buscando estatizaciones, porque el Estado no puede decir que ha venido una pandemia, que se cierra la economía por tres meses, que nadie compra ni vende y, encima de esa tragedia, meter a la Sunafil como un caballo de troya colectivista. Lo mismo sucede con algunos protocolos del Minsa y las fases todavía vigentes de Produce.

Todo eso debe terminar. Y el Ministerio de Economía, hoy empoderado por la decisión incontrastable de una mayoría parlamentaria, debe centralizar la política económica y financiera del Estado. En las elecciones del 2016 nadie eligió a burócratas colectivistas o comunistas.