Perú no debe sumarse a Acuerdo de Escazú

Un oficio enviado por la congresista Mirtha Vásquez (del Frente Amplio) solicitando al Congreso de la República que ratifique el denominado Acuerdo de Escazú (en homenaje a una ciudad en Costa Rica) abre las interrogantes sobre si es prudente que el Perú se allane a este nuevo tratado internacional. Las dudas crecen cuando diversas organizaciones no gubernamentales y varios líderes de la izquierda local insisten en que el Parlamento presione para que nuestro país se involucre en este nuevo tratado internacional. Pero, ¿de qué se trata el Acuerdo de Escazú y por qué la izquierda toda lo promueve? Veamos.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –denominado simplemente Acuerdo de Escazú– es un pacto internacional que tiene por objetivo, según su artículo 1 “garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información y participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. De momento han sido 22 los países firmantes, incluido el Perú; sin embargo falta la ratificación por el Congreso peruano. Asimismo para que el Acuerdo tome vida se necesita que 11 países firmantes ratifiquen –mediante sus parlamentos– el referido pacto.

Si bien el Acuerdo de Escazú –que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y luego promocionado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)– se oresenta como un pacto inocuo y benévolo, resulta sospechoso que sus principales promotores en los diversos países firmantes sean partidos y líderes de izquierda. En todo caso, eso nos debe llevar a leer con detenimiento “las letras chiquitas”.

Dice el documento del Acuerdo, por ejemplo, que se deberá contribuir a la “transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”... y que “se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos (…) y de dar voz a quienes no la tienen (…)”. Además dice, para dar “transparencia”, el “público” podrá participar en la toma de las decisiones sobre las inversiones. Y sumado a todo lo anterior, el documento del Acuerdo parece tener un claro sesgo izquierdista y un tufillo antiempresa. De allí que sea promovido principalmente por organizaciones de izquierda.

No obstante que el Perú tiene una estricta normativa social y ambiental (probablemente una de las más rígidos del mundo) –en la que además se permite, avala y respeta la participación de las comunidades y las poblaciones (por ejemplo en los proyecto mineros)– todo indica que si el Parlamento ratifica este nuevo Acuerdo nos pondría en las manos de las organizaciones no gubernamentales y movimientos de izquierda.

En el tema de la pesca, por ejemplo, una organización no gubernamental que se ha opuesto a la gestión sostenible de la pesca de anchoveta viene promocionando este nuevo pacto, que establece “la implementación de mecanismos institucionales para la participación desde la etapa inicial de diseño o revisión de planes, programas, normas, reglamentos, proyectos y actividades que tengan o puedan tener impacto en el ambiente marino y los recursos hidrobiológicos”. En otras palabras, lo que nos quieren decir es que, basadas en el principio de la “participación ciudadana”, las organizaciones no gubernamentales podrán vetar los emprendimientos en la pesca.

En Chile, para poner otro ejemplo, el presidente Sebastián Piñera se ha opuesto a la ratificación de este pacto porque podría generar “problemas de cesión de soberanía, o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”.

En suma, desde este portal seguiremos investigando por qué la izquierda peruana cierra filas en torno este nuevo acuerdo. Todo es muy sospechoso.