Para la Corte Int. de DD.HH. en Bolivia y Venezuela hay más respeto a los DD.HH. que en Perú. ¿Qué les parece?

Luego de conocerse que la Comisión Interamericana de DD.HH. decidió reabrir el expediente del caso de Víctor Polay, no obstante que el líder terrorista fue sentenciado respetándose el debido proceso y todas las garantías constitucionales –consideraciones que forman parte de la jurisprudencia del propio sistema interamericano– en el Perú se ha desatado una ola de indignación nacional sin precedentes. Y si la decisión sobre el caso Polay la comparamos con la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. que ordenó no ejecutar el indulto otorgado a Alberto Fujimori, a pesar que de fue expedido por un jefe de Estado constitucional y luego ratificado por el Tribunal Constitucional –según todos los procedimientos establecidos en la Carta Política– la situación lleva a preguntarse si es posible mantener el Estado de derecho frente a un sistema interamericano de justicia extremadamente ideologizado.

Se trata de una pregunta legítima y pertinente. Si el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional y la propia Constitución, como se dice, están pintados en la pared frente las decisiones ideológicas de la Comisión y de la Corte, entonces, ¿para qué hacemos elecciones para designar poderes soberanos? ¿Acaso no sería mejor abolir las instituciones republicanas y entregar el sistema de justicia a los jueces neomarxistas que han tomado el control del sistema interamericano?

Cuando hablamos de extrema ideologización de los magistrados de la Comisión y de la Corte no estamos exagerando o cargando injustamente las tintas. Por ejemplo, según los propios documentos oficiales de la Corte Interamericana de DD.HH., en el Perú se violan más derechos humanos que en Bolivia y Venezuela. Sí, amigo lector, aunque usted no lo crea. Según las cifras de la propia Corte, la república plurinacional de Bolivia es el modelo institucional de los DD.HH., no obstante los presos políticos del régimen autoritario de Bolivia. Allí están los encarcelamientos políticos de la ex presidente Janine Añez y del ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Según la información de la Corte Interamericana de DDHH, en el Perú existen 50 casos en “etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias”, mientras que en Bolivia solo hay 7. Cualquier observador o analista imparcial advertiría inmediatamente cómo, en el organismo interamericano, se pretende edulcorar la imagen de un país bolivariano que persigue a la oposición y elimina las disidencias, frente a otro democrático, que enfrentó una de las guerras terroristas comunistas más letales del planeta en los años ochenta y defendió con firmeza su Estado de derecho algunos meses atrás. Ni siquiera se puede hablar de sesgo ideológico. Aquí parece haber una condena ideológica en contra del Perú.

Si bien Venezuela, algunos años atrás, se retiró de la competencia del sistema interamericano de justicia, sigue siendo un verdadero escándalo comparar las cifras llaneras con las peruanas en temas de DDHH. Frente a los 50 casos en etapa de supervisión de ejecución de sentencia en Perú, en Venezuela apenas existen 11. En Ecuador existen 25, en Colombia 26, en Chile 13.

Planteada las cosas así volvemos a interrogarnos, ¿se puede mantener el Estado de derecho frente a un sistema interamericano de justicia con magistrados extremadamente ideologizados? Es hora de iniciar un debate de fondo sobre el tema y contemplar la posibilidad de retirarnos de la competencia contenciosa del sistema.

Es incuestionable que la estrategia progresista de copar y controlar instituciones para judicializar a los rivales y eliminar a las disidencias que se desarrolló en el Perú forma parte de una estrategia del globalismo neomarxista a nivel planetario. El Pacto de San José de Costa Rica y las instituciones que se crearon bajo sus principios nacieron con el sueño enorme de organizar un tribunal internacional para defender los Derechos Humanos de todos. Hoy ese sistema ha sido bastardeado por la izquierda neomarxista para –en la práctica– proteger a los terroristas y perseguir indefinidamente a nuestros soldados y policías.