Para evitar lamentables muertes, ¡restablecer el Estado de derecho!

Las corrientes comunistas y colectivistas vinculadas al eje bolivariano han lanzado una ofensiva general exigiendo la liberación de Pedro de Castillo, con el objeto de que la autoridad democrática del sistema republicano se derrumbe de abajo hacia arriba. 

Si Castillo puede quebrar el Estado de derecho en vivo y en directo ante más de 30 millones de peruanos y puede salir bien librado, con el galardón de “preso político”, entonces la Constitución del Perú es letra muerta e instituciones tales como el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial habrían sido cerradas de facto, tal como pretendió hacer el ahora dictador recluido en la Dinoes.

En esa estrategia para derrumbar el Estado de derecho, las corrientes comunistas y colectivistas promueven una radicalización de los programas y métodos de lucha de todas las minorías radicales –desde los sectores antimineros tradicionales hasta simples extorsionadores de empresas– con el objeto de tomar minas (Las Bambas, por ejemplo), empresas agroexportadoras y compañías que invierten en recursos naturales, y pasar a controlar las principales carreteras del país con virtuales milicias que hacen trizas la Constitución y las leyes.

Tal como sucedió con el presidente Castillo, los dirigentes de estas minorías radicalizadas cometen delitos en flagrancia, propalan videos, firman comunicados y emiten todo tipo de pronunciamientos llamando a una insurrección general. ¿Por qué se desarrolla semejante espiral violentista ante la mirada de las autoridades democráticas? ¿Acaso la Constitución no establece funciones claras para el Ministerio Público y el Poder Judicial en estas situaciones?

En las zonas mineras y en el sur del Perú las instituciones del Estado abdican de sus funciones con respecto a la vigencia de la Constitución y las leyes. En este contexto, la radicalización impulsa a estas vanguardias a asaltar aeropuertos, a pretender tomar minas, diversos tipos de empresas y a pretender controlar las principales carreteras del país con eventuales milicias, con el objeto de crear “una situación revolucionaria”.

Durante el desarrollo de estas acciones, las vanguardias comunistas buscan el enfrentamiento total con la PNP, institución que pasa a ser la última entidad encargada de preservar la legalidad. Sin embargo, los destacamentos comunistas no solo buscan protestar, también pretenden ensangrentar el conflicto para legitimar su estrategia de poder. En este contexto, como si se tratase de una virtual guerra civil, la policía es atacada y sometida a situaciones límites. En estos escenarios no es extraño que se produzcan lamentables muertes que enlutan a la peruanidad.

Sin embargo, la pregunta a formular, ¿es por qué se llega a esta situación? Por una sola razón: porque quienes desarrollan un golpe contra la Constitución, las leyes nacionales y el Estado de derecho, no son detenidos ni procesados, no obstante que cometen delitos en flagrancia.

Y la conclusión es incuestionable: la única manera de evitar que las vanguardias comunistas sigan produciendo lamentables muertes de peruanos es aplicando la Constitución y las leyes a quienes violan estas normas en flagrancia. El Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades democráticas del estado constitucional del país, sobre la marcha, deberían comenzar una movilización para recuperar el Estado de derecho en todos aquellos lugares en los minorías radicales y virtuales soviets, prácticamente, han instalado zonas liberadas.

En otras palabras, es hora de evitar el enfrentamiento a través de la vigencia del Estado de derecho, la Constitución y las leyes nacionales.