¡Otra vez, solo resta aferrarse a la Constitución!

Como si todas las plagas bíblicas se hubiesen abatido sobre la República, las denuncias y testimonios de colaboradores eficaces comienzan a acumularse en contra del presidente Vizcarra –es decir, en contra del primer magistrado de la Nación– según lo establecido en la Constitución. Luego de conocidas las denuncias el domingo pasado, en el acto, en el Congreso de la República se comenzó a activar un nuevo proceso de vacancia presidencial. 

De esta manera el periodo político luego de las elecciones del 2016 comenzó a convertirse en uno de los más turbulentos de nuestra historia republicana, como si no se hubiesen sucedido dos siglos desde la Independencia y de la fundación del sistema republicano. Hoy la política sigue teniendo las mismas características presentes al inicio de la República: caudillos, facciones, crisis perpetua de gobernabilidad e incapacidad para construir una comunidad política y consolidar instituciones. 

Cuando se produjeron las elecciones del 2016 nada hacía presagiar este panorama de guerra política, faccionalismo y búsqueda de eliminación del rival. Nada hacía presagiar el retorno del espacio público actual al siglo XIX. Sin embargo, hoy este periodo constitucional acumula tres procesos de vacancia presidencial frustrados, la renuncia de un jefe de Estado, la convocatoria a un referendo que bastardeó nuestra Carta Política y el cierre inconstitucional del Congreso. En otras palabras, la crisis de gobernabilidad convertida en perpetua.

Semejante escenario se presenta no obstante que, bajo el marco de la Constitución de 1993, se desarrollaron cuatro elecciones sucesivas sin interrupciones y se consagró un sistema económico basado en la inversión privada y la desregulación de mercados, que posibilitó triplicar el PBI, reducir pobreza del 60% de la población a solo 20%, y convertir al Perú en una sociedad de ingreso medio. 

En términos institucionales, económicos y sociales, se puede sostener que el Perú experimentaba el mejor momento de su historia republicana. Sin embargo, la guerra política que se desató entre Fuerza Popular y la administración PPK abrió la Caja de Pandora que nos ha llevado a este devastador momento de grave deterioro de la institucionalidad. Una crisis de gobernabilidad que, de una u otra manera, convierte al Perú en una republiqueta sin instituciones, sujeta al vaivén de los humores de mayorías circunstanciales. Y en medio de estos huracanes adversos, la pandemia y la megarrecesión, que acabará con por lo menos el 15% del PBI, destruirá millones de empleos, y arrojará a un tercio de la población debajo de la línea de la pobreza.

Y para agravar las cosas, las reformas del referendo han organizado el peor Congreso de nuestra historia, en donde se aprueban leyes que contravienen principios básicos de la Constitución y en donde se exige que el BCR financie los huecos fiscales de leyes irresponsables, tal como sucedía con la hiperinflación de los ochenta y hoy acaece con la tragedia venezolana. En este escenario que se parece a un Armagedón antirrepublicano solo basta repetir lo que siempre han defendido los republicanos en momentos límites: todo con la Constitución, nada sin ella. Absolutamente nada.

El terrible error del Tribunal Constitucional de constitucionalizar el cierre del Congreso en base a la figura de “la denegación fáctica”, una figura inexistente en nuestra Constitución, nunca más debe repetirse. No se trata de generar lógicas de acciones y reacciones que destruirán los frágiles andamios de la actual institucionalidad republicana.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la sociedad y todos los actores deben entender que estamos quizá ante la última oportunidad de preservar la institucionalidad, tan zarandeada en los últimos dos años. Si lo hacemos, entonces quedará claro que la actual experiencia republicana ha sobrevivido a la experiencia más dura a la que se puede someter a cualquier república.