La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Una vez más las corrientes progresistas en el país pretenden demonizar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que desarrollan las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la policía nacional del Perú (PNP) para preservar la Constitución, el Estado de derecho, y la ley y el orden en el país. Una vez más los progresistas pretenden aparecer como supuestos defensores de los Derechos Humanos y se preguntan sobre quiénes son los responsables de las tristes y lamentables muertes de 25 peruanos.
Todo peruano de buena voluntad debe lamentar la muerte de compatriotas y debe acompañar el dolor de las familias afectadas. La muerte de jóvenes o de gente que protesta pacíficamente es inaceptable en cualquier sociedad con Estado de derecho. Sin embargo, la interrogante que plantean las corrientes progresistas acerca de quiénes son los responsables de las trágicas muertes, ¿tiene alguna lógica? A nuestro entender únicamente si se pretende exculpar a las vanguardias comunistas (Movadef y núcleos del eje bolivariano) que desataron el caos y la anarquía para poner en el mismo lugar la violencia destructiva del radicalismo con el uso legítimo de la fuerza.
Antes de avanzar en las reflexiones nosotros planteamos algunas interrogantes capitales ¿Acaso no hay un proceso insurreccional en el Perú? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso insurreccional y el derecho constitucional a la protesta de la ciudadanía? A nuestro entender el Perú enfrenta un proceso insurreccional que no solo pretende acabar con la Constitución y el Estado de derecho, sino quebrar la existencia misma del Estado antes de convocarse a una constituyente. ¿Por qué? El intento de bloquear todas las vías nacionales para desabastecer la capital y las principales ciudades del país es un acto insurreccional. ¿O no? El intento de paralizar el abastecimiento energético del país con el asalto a una de las plantas del gas de Camisea y la intención de afectar el sistema hídrico con la violencia en la hidroeléctrica del Mantaro, igualmente son actos violentos de naturaleza insurreccional. Los ataques a cinco aeropuertos en el sur del país representan actos de guerra que suelen desarrollarse en conflictos convencionales entre estados. En este contexto, ¿quiénes son los responsables de las trágicas muertes de 25 peruanos? ¿Hay alguna duda?
Si hay una insurrección en contra de un Estado, en contra de una Constitución y un Estado de derecho, ¿acaso la sociedad debería renunciar a declarar el estado de emergencia nacional y el estado de sitio, tal como se contempla en nuestra Carta Política? ¿Acaso el Estado, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y la policía, deberían abrir las puertas, extender la alfombra y permitir que las vanguardias comunistas desabastezcan las ciudades y destruyan los aeropuertos? Cuando en la Defensoría del Pueblo y en las corrientes progresistas se preguntan sobre quiénes son los responsables, nosotros nos preguntamos, ¿de qué lado están estas instituciones y corrientes?
Todas las insurrecciones en contra de cualquier Estado causarán lamentables muertes. Y en contra de un Estado constitucional de derecho también, a menos que se haga trizas la Constitución y se entregue el poder a los insurrectos. ¿Quiénes defienden los Derechos Humanos en un proceso insurreccional contra un Estado de derecho? ¿Los insurrectos o los defensores de la Constitución, la ley y el orden? La respuesta es incuestionable: quienes defienden la Constitución.
A nuestro entender los demócratas y republicanos del Perú tenemos la impostergable responsabilidad de defender a nuestros soldados y policías. ¡Ni un solo soldado, ni un solo policía debe ser judicializado por defender la Constitución y el Estado de derecho! No hay argumentos jurídicos ni políticos valederos. Permitir semejante situación sería organizar adrede una contraofensiva del movimiento insurreccional de las vanguardias comunistas, que hoy se repliega por el uso constitucional y legítimo de la fuerza del Estado. Y posiblemente sería una forma de entregar el poder a los insurrectos.
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