Oposición sin agenda unificada ante Misión de la OEA

La Misión de la OEA, integrada por varios cancilleres de los países miembros del organismo internacional, ayer comenzó a desarrollar las reuniones con el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La mencionada misión que llega al país, luego de que el Ejecutivo lograra persuadir a la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana debido a que, supuestamente, estaban en peligro la democracia y el equilibrio de poderes–, arribó a Lima en un momento en que el Gobierno había recuperado la iniciativa política y la oposición continuaba fragmentada y en medio de un desconcierto generalizado.

Horas antes de la llegada de la misión de la OEA, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, había planteado hasta dos cuestiones de confianza que, más allá de lo absurdas en términos constitucionales, revelaban que en el Gobierno había un criterio unificado para recibir a la comitiva de observadores internacionales. El objetivo gubernamental era simple: “desjudicializar la figura del jefe de Estado”, ante las siete investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, y ubicar el conflicto con la oposición como “un conflicto de poderes que amenaza a la democracia”.

Igualmente, más allá de que el Ejecutivo no tenga posibilidad alguna –al menos hasta hoy– de cerrar el Legislativo porque, a diferencia de los golpes de Estado de Fujimori y Vizcarra, carece de apoyo popular, el Gobierno dejaba en claro que había retomado la iniciativa.

Muy por el contrario, en el lado de la oposición todo era fragmentación, desconcierto, falta de entendimiento sobre qué es la política, y evidente falta de liderazgo. El planteamiento de la vacancia y de la acusación constitucional del jefe de Estado ha llevado a los sectores opositores a dividirse entre un sector que promueve estos objetivos y otro que toma distancias de los mismos. De esta manera, la oposición ha comenzado a dividirse entre “los consecuentes” y los que pretenden negociar con el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, todos estos sectores están en contra de la constituyente y seguramente enfrentarán unificados las eventuales amenazas del Ejecutivo.

¿Qué pretendemos señalar? Que la oposición no ha encontrado una plataforma de unidad para unir a todos los sectores que se oponen a la constituyente y pretenden detener el proyecto bolivariano. Semejante estado de cosas, por ejemplo, ni siquiera ha posibilitado que todos los sectores opositores elaboren una agenda común para tratar con la misión de la OEA. Si bien la misión internacional tiene una clara orientación ideológica –la mayoría de sus integrantes provienen de gobiernos de izquierda– es evidente que ella no puede ignorar de plano los procedimientos internacionales. Allí existe una batalla que librar y la oposición debería estar clara al respecto.

Muy por el contrario, las corrientes comunistas, colectivistas y progresistas sí han logrado unificarse alrededor de la convocatoria de una asamblea constituyente. Al margen de las críticas al Gobierno de Castillo por “sus tolerancias con el neoliberalismo”, todas las corrientes de izquierda cierran filas en defensa del Gobierno porque entienden la importancia de desarrollar el frente único. Es decir, la unidad de todos con el objeto de aislar al enemigo principal.

En la oposición tiene que existir algo parecido. Se debe unificar a todos los sectores que se oponen a la constituyente y defienden a la Constitución, la inversión privada, y la economía de mercado. En ese camino se deben desarrollar batallas parciales para desmontar las reformas laborales colectivistas del Ejecutivo, el control del maoísmo de la educación y recuperar el principio de autoridad en las regiones mineras.

Si la oposición desarrolla esa dialéctica, tarde o temprano unificará la movilización ciudadana con las acciones en el Congreso. Y en ese camino, más temprano que tarde, llegarán los votos esperados en el Legislativo.