Oleoducto sigue paralizado

El Oleoducto Norperuano (ONP) está paralizado en el kilómetro 193 desde hace tres meses, y no hay autoridad dispuesta a poner orden en el Marañón. El ducto fue saboteado por activistas radicales de la comunidad de Mayuriaga, por los pobladores de las comunidades indígenas que son azuzados constantemente por los autodenominados dirigentes de las federaciones indígenas y supuestos asesores vinculados a las ONG de la izquierda ambientalista. Organizan piquetes de manifestantes con el fin de impedir que los trabajadores de Petroperú ingresen al lugar para reparar los daños en el ducto y evitar que la contaminación se extienda.

La paralización del Lote 192 es un duro golpe para la economía nacional porque representa el 30% de la producción nacional de petróleo. Esto no parece importarles a los comuneros y al Ejecutivo de Martín Vizcarra, quien está de visita en Europa desarrollando visitas protocolares mientras en el país los problemas se multiplican. La región Loreto pierde un millón de dólares diariamente por la paralización de las operaciones petroleras. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) ha señalado que, hasta el momento, los organismos públicos responsables no toman las medidas necesarias para reestablecer el Estado de derecho y la paz social en la zona.

Según ha declarado a la Red de Comunicación Regional (RCR) el consultor Enrique Gonzales, el Gobierno tendría a resolver el caso. “El descontrol existente en el Marañón se debería a la posibilidad de otro ‘baguazo’, esta vez en la región Loreto”, señala el especialista. Para Gonzales, un simple decreto ley sería suficiente para recuperar un bien, para tomar posesión de lo que al país le corresponde. “Con una declaratoria nacional de emergencia, nadie entra cinco kilómetros en cada lado del tubo. Contamos con un satélite para vigilar constantemente el ducto, las cinco estaciones que tiene Petroperú y una base del Ejército para detener cualquier acción antiperuana. Sin embargo, no hay quién tome esa valiente decisión”, señaló.

Los propios trabajadores del Lote 192 también plantearon la declaración de emergencia en las zonas petroleras de Loreto. En reiteradas oportunidades han denunciado que son víctimas de la violencia y el desgobierno que impera en la zona petrolera. La ausencia del Estado y la falta de legalidad afectan a más de 2,500 trabajadores directos y 10,000 indirectos en todo el departamento de Loreto.

Asimismo, hace poco más de un mes, las autoridades y representantes de distintas instituciones y organizaciones sociales del departamento de Loreto también demandaron al presidente Vizcarra aplicar el principio de autoridad “para frenar las acciones ilícitas de pseudos dirigentes influenciados y alentados por algunas ONG y empresas remediadoras”. Y hasta ahora, nada. El pedido no es atendido y la crisis se agudiza.

El colmo de la situación es que, de acuerdo a un comunicado de Petroperú, los dirigentes de la comunidad de Mayuriaga reconocieron ser los autores del acto de sabotaje. Vale decir que los frecuentes actos de sabotaje —perforación de la tubería del ONP– son realizados con el fin de cobrar indemnizaciones. Con los cortes se produce la fuga de crudo que contamina el lugar, amenazando incluso alcanzar los ríos cercanos. Si la contaminación es mayor, el cobro de indemnización es también mayor.

Los que fungen de asesores de las federaciones de nativos, cobran una comisión por “defender los derechos” de las comunidades afectadas. Es, en palabras simples, gansterismo puro. Los mismos comuneros impiden que los trabajadores de Petroperú realicen las tareas de reparación del tubo, porque esos comuneros presionan a las autoridades para que ellos mismos sean quienes reparen lo que han saboteado. Y por eso también cobran. Es decir: tierra de nadie. Delincuencia total.