OEA: El globalismo de izquierda que intenta proteger a Castillo

Luis Almagro, secretario general de la OEA, recibió la carta de Pedro Castillo, en la que el jefe de Estado peruano señala que las investigaciones del Ministerio Público y los procesos de control político del Congreso forman parte de un plan desestabilizador de la democracia, y en el acto convocó al Consejo Permanente de la OEA. No se trataba de una reunión de emergencia para analizar la situación humanitaria de la ex presidente de Bolivia, Janine Añez, injustamente encarcelada por el régimen boliviano; ni tampoco una reunión de urgencia para analizar las violaciones de Derechos Humanos que suceden todos los días de Nicaragua.

Se trataba de una reunión para convertir el desgobierno nacional y la desorganización del país –que ha desatado el gobierno de Castillo– y las diversas denuncias de corrupción que se acumulan en contra del jefe de Estado y su entorno más cercano, en una conspiración de las derechas oligárquicas para derribar a un gobierno constitucional. 

Según la Comisión Permanente de la OEA, la única institución válida del sistema republicano peruano es la Presidencia de la República. Todo lo demás es relativo: el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial; es decir, la propia Constitución Política del Perú es un buen escrito y nada más, porque los peruanos eligieron una especie de rey que puede actuar como le plazca y que solo debe responder al final de su mandato.

Únicamente de esa manera se puede entender que el Consejo Permanente de la OEA acordara “expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”. Asimismo, convocó a todos los actores para que “sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, reconociendo que el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros…”. Y finalmente, designó un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo”.

Cuando decimos que Castillo pretende ser ungido por la OEA en “una especie de rey de los peruanos”, en una especie de monarca de una república de tercera, no estamos exagerando. De alguna manera la OEA pretende que los mecanismos de control del poder establecidos por la Constitución estén pintados en la pared. De allí que, en los acuerdos del Consejo Permanente de la OEA, se aluda también a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que se sostiene que existe un abuso de las figuras de la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral y la disolución del Congreso, que amenazan la estabilidad democrática. En otras palabras, se pretende que el presidente Castillo se convierta en el nuevo monarca del Perú, coronado por una OEA ahora controlada por los gobiernos de izquierda de México, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chile, Bolivia y el propio Perú.

Es evidente que la resistencia nacional de los peruanos de ninguna manera aceptará el razonamiento y la arbitrariedad de esta nueva internacional de izquierda y progresismo en que se ha convertido la OEA, que incluso se atreve a poner en paréntesis los artículos de nuestra Constitución. Tal como lo ha hecho el pueblo chileno rechazando la constitución comunista, la mayoría de peruanos no aceptará la proclamación de una especie de monarca que seguirá desorganizando el país. Y tenemos la seguridad que la ciudadanía encontrará los caminos adecuados para defender la Constitución y las libertades.