No hay sistema constitucional si se posterga indulto a Fujimori

El Perú, un país que se convirtió en un milagro de las sociedades emergentes, que en tres décadas cuadruplicó su PBI y redujo pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia, sorprendentemente y contra cualquier explicación racional, terminó eligiendo al gobierno de Pedro Castillo, con un programa colectivista y con una alianza clara con el comunismo maoísta de Sendero Luminoso. Si el país había construido el mejor momento de su historia republicana, en términos de inclusión económica y social, ¿cómo así terminó eligiendo un gobierno que era la negación de todo ese proceso?

Asimismo, vale preguntarse cómo así una sociedad que, tres décadas atrás, también había derrotado la violencia terrorista desarrollada por Sendero Luminoso –que llegó a controlar una tercera parte del territorio nacional–, terminó eligiendo el gobierno de Castillo, con claros vínculos con el movimiento senderista. La única explicación de esta especie de suicidio político del país está en las narrativas progresistas de los últimos años que –al igual que los grandes relatos nazis o bolcheviques contra sus adversarios– señalaban que el fujimorismo era la suma de todos los males e infiernos. 

Hoy que la pobreza ha trepado al 27.5% (más de nueve millones de personas) y que las filas progresistas pierden control de las instituciones tutelares del sistema republicano, todos se arrepienten de esta guerra política de autodestrucción. En este contexto, un gesto, un símbolo, un hecho paradigmático que grafique el final de esta sombría etapa de nuestra historia es que se cumpla el mandato constitucional sobre el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Creer que se puede construir un nuevo momento del país, un momento de acuerdos y convergencias, sin cumplir con el indulto constitucional al expresidente es simplemente allanarse al chantaje comunista y progresista que organizó la actual tragedia que enfrentamos.

El indulto al expresidente Fujimori fue otorgado por Pedro Pablo Kuzcynski, un jefe de Estado constitucional. Luego el indulto fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Es decir, dos entidades tutelares, sin las cuales no se podría hablar de Estado de derecho en el Perú, participaron en el mencionado indulto. Sin embargo, un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó detener la ejecución de la mencionada gracia presidencial, a la espera de un pronunciamiento del Poder Judicial. En contra de cualquier criterio constitucional la justicia peruana se allanó a las presiones del sistema interamericano de justicia que –ya sea a través de la Comisión o de la Corte– ha demostrado una extrema ideologización y tendencia facciosa en sus pronunciamientos.

El argumento de la Corte IDH es que la sentencia en contra de Fujimori se trataría de un caso de lesa humanidad, no obstante que cuando sucedieron los hechos imputados al ex mandatario esa tipicidad no estaba incorporada en nuestro sistema legal. Como todos sabemos, los delitos de lesa humanidad se incorporan al ordenamiento penal peruano con el Tratado de Roma de 1992.

Fujimori, pues, sigue en la cárcel y puede morir en prisión por un capricho ideológico de la Corte IDH. ¿Exageramos con lo de la ideologización del sistema interamericano de justicia? La Comisión IDH acaba de reabrir los casos de Víctor Polay y Artemio, igualmente, contra del Estado de derecho, la Constitución y su propia jurisprudencia con respecto a los procesos penales contra el terrorismo en el Perú.

El sistema interamericano de justicia, pues, comienza a convertirse en una especie de nueva internacional comunista y progresista, cuyo objetivo pareciera ser el de avalar la persecución judicial contra todos los políticos anticomunistas en la región, tal como sucede en el caso Fujimori y ha sucedido contra el Vicealmirante Luis Giampetri hasta el día de su deceso y con cerca de treinta oficiales de La Marina de Guerra del Perú. Estas persecuciones buscan afirmar los relatos de las izquierdas y parecen señalar que deben ejecutarse hasta el final de las vidas de los perseguidos. Un claro argumento fascista y comunista.

Para defender el Estado de derecho, entonces, todos los demócratas peruanos no deben permitir que el ex presidente Fujimori muera en prisión. ¡Basta!