¡Ningún soldado ni policía debe ser judicializado por defender el Estado de derecho!

La ola de violencia insurreccional en contra de la Constitución y el Estado de derecho, desatada luego del golpe fallido de Pedro Castillo del 7 de diciembre pasado, hasta ahora deja un saldo lamentable de 65 muertos, de los cuales 7 son soldados y policías. Y también ha dejado a centenares de policías heridos de gravedad, algunos de ellos mutilados de por vida.

Para cualquier peruano de buena voluntad es incuestionable que los únicos responsables de la muerte de peruanos son las vanguardias comunistas y radicales del eje bolivariano que atacan comisarías, pretenden incendiar aeropuertos, bloquean carreteras para destruir el sistema productivo y embisten contra las unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las patrullas del Ejército. Tal como se acaba de contemplar por las redes sociales, en Ilave las turbas incluso atacaron a los soldados que retrocedían y buscaban cruzar el río para evitar el enfrentamiento. El ataque radical alcanzó a los soldados en las aguas y seis de ellos murieron con heridas graves.

Sin embargo, las oenegés de derechos humanos nacionales e internacionales y las corrientes progresistas pretenden señalar que los peruanos fallecidos por disparos de bala representan “violaciones a los DD.HH.” y expresiones de “terrorismo de Estado”; como si la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales negaran el legítimo uso constitucional de la fuerza pública. El discurso progresista en contra del uso constitucional de la fuerza pública, a nuestro entender, es una abierta traición al objetivo de defender el Estado de derecho.

Semejante discurso, al parecer, ha paralizado al Gobierno. Por ejemplo, todos los peruanos hemos visto absortos cómo se envió a soldados desarmados a Ilave, lo que explica el asesinato de seis efectivos en el río. Igualmente Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, ha señalado que “no conoce de los planes operativos” de las fuerzas de seguridad para restablecer el Estado de derecho. Como se dice, una sacada de cuerpo que explica lo sucedido en Ilave.

Ante esta situación vale señalar que los peruanos de buena voluntad, los partidos democráticos y las organizaciones de la sociedad bajo ningún punto de vista deben permitir que se judicialice a un solo soldado o policía que haya salido a defender la Constitución y el orden público ante el fracaso reiterado de los civiles. La Constitución, los tratados internacionales y los tribunales internacionales respaldan el uso constitucional de la fuerza pública, a menos que exista una extrema ideologización, tal como sucede en la CIDH.

Sin embargo, a estas alturas es evidente que la defensa del Estado de derecho frente a la violencia insurreccional de las milicias bolivarianas –que hoy se concentra en Puno– no va a funcionar si el Ministerio Público y el Poder Judicial no identifican, procesan y detienen a los vándalos que violan la Constitución y hacen trizas el Estado de derecho. Por ejemplo, la mayoría de los participantes del ataque contra la patrulla militar en Ilave han sido registrados en videos. ¿Cuántos han sido identificados y detenidos? Ninguno. Si el sistema de justicia no funciona es imposible hablar de Estado de derecho. La acción de las fuerzas armadas y la PNP por sí sola no puede restablecer la gobernabilidad.

Por otro lado, será imposible recuperar algunas provincias del sur de la violencia si es que los partidos políticos, si la civilidad en general no se moviliza para organizar a la población y enfrentar las narrativas del eje bolivariano, y para defender la producción y la economía familiar. Sin fuerza política civil en ciertas provincias de los Andes, ¿cómo empezará el año escolar? ¿Cómo se ejecutará el programa Punche Puno, anunciado por el Ejecutivo? ¿Cómo se podrán realizar elecciones nacionales, incluso en el 2026?

Si alguien cree que la defensa del Estado de derecho solo es responsabilidad de las fuerzas armadas y la policía nacional se equivoca de principio a fin: un Estado de derecho, si bien se defiende con su fuerza pública, sobre todo se defiende con las instituciones y la movilización ciudadana.