Editorial Política

Mina Constancia bajo ataque antiminero

Otra vez los radicales intentan paralizar el sur

Mina Constancia bajo ataque antiminero
  • 04 de abril del 2018

 

Este es un año electoral y el radicalismo antiminero ha vuelto a la carga mintiendo descaradamente, como es su costumbre. Ha comenzado a desarrollar una serie de protestas sin fundamento con el fin de detener las actividades mineras, que han hecho retroceder a la pobreza en el sur peruano como nunca antes. Estas protestas no son aisladas, pues forman parte de una estrategia bien organizada y financiada, por ejemplo, por la Alianza Bolivariana para América (ALBA), con el fin de desestabilizar políticamente y económicamente a los países de la región Latinoamericana que no se encuentran sometidos al eje liderado por el dictador venezolano, Nicolás Maduro.

En la Mina Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), un reducido grupo de conocidos agitadores ha preparado un pronunciamiento público en el que muestran su disconformidad —según ellos— con la manera como los representantes de la empresa abordan los aportes voluntarios que realiza la minera para el desarrollo de las zonas de influencia minera. Aportes que son discutidos en los convenios de responsabilidad social y ambiental que se suscriben cada año.

La llamada Mesa de Diálogo de Chamaca dio origen al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional por la Responsabilidad Ambiental y Social para el Desarrollo Sostenible de Chamaca. Para el 2013, el convenio aprobó un aporte de S/ 3.5 millones por parte de Hudbay, para ejecutar programas de desarrollo vinculados con la educación, salud, agricultura, ganadería y temas medioambientales. Todos los programas fueron ejecutados mediante convenios, en coordinación con las municipalidades distritales, provinciales y los ministerios correspondientes.

Del mismo modo, en los años siguientes se realizaron otros acuerdos de aportes voluntarios por parte de la minera. El 2015 de S/ 3 millones y el 2016 de S/ 3.5 millones. Para el 2017, llamó poderosamente la atención que, de pronto, Mauro Timoteo, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (FUDICHA), exigiera a la minera un aporte voluntario S/ 12 millones.

Está claro que en esa exigencia existe un aprovechamiento político y económico. Timoteo sabe que ese pedido desmedido crea desacuerdos. Y eso es justamente lo que busca: crear conflicto. Además, ¡qué coincidencia!, a pocos días de la Cumbre de los Pueblos —evento convocado por la izquierda radical para el 13 y 14 de Abril, paralelo a la reunión de los presidentes en la Cumbre de las Américas— a los antimineros del corredor del sur se les ocurre anunciar su disconformidad con la minera Hudbay. ¿No sería esta una manera de adherirse a la convocatoria antisistema? Un conflicto para exponerse durante el evento antimercado y antidemocrático.

La actividad minera en el Perú es constantemente blanco de ataques violentos. En noviembre de 2016 un grupo pequeño de pobladores liderados por activistas conocidos, del FUDICHA y del Comité de Lucha Antiminería, ingresó a empujones a las instalaciones mineras de Hudbay, cometiendo el delito de usurpación de la propiedad privada. Quienes instigaron la realización de esos actos vandálicos fueron Vicente Peralta, ex presidente del FUDICHA, y Mauro Timoteo Castañeda, ex miembro del Comité de Lucha Antiminera y actual presidente del FUDICHA; ambos son campeones desinformando a la población y tergiversando la verdad. Se sabe que Vicente Peralta tiene aspiraciones políticas. Su deseo es ser candidato a la alcaldía, lo que acaso sea la razón por la que utiliza la Mesa de Diálogo como su plataforma política.

Si no hay firmeza frente a los enemigos del país, el futuro de los más pobres está en peligro. Como asegura el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Perú puede recaudar US$ 547,000 millones hasta el 2050 si las operaciones y los proyectos mineros continúan. Un monto que servirá para erradicar la pobreza, expandir y mejorar los servicios públicos y desarrollar toda la infraestructura productiva atrasada. A todo esto se oponen esos grupos reducidos de antimineros en el sur, que actúan amedrentado a los pobladores.

 

  • 04 de abril del 2018

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