Mensaje cumplidor para obtener confianza

Walter Martos –general EP (R )–, presidente del Consejo de Ministros, se presentó ante el Congreso y consiguió el voto de confianza –con abrumadora votación– luego de la colisión de poderes que determinó la caída del Gabinete Cateriano. El mensaje del premier se caracterizó por la búsqueda de la conciliación y evitar polarizar con el ala izquierda del Congreso; y quizá por eso, prácticamente ignoró el papel fundamental del sector privado en la reconstrucción del país.

En esta ocasión sí hubo detalles y algunas precisiones con respecto a la política de contención de la pandemia. Si bien se percibe en el Ejecutivo una especie de resignación ante el curso natural del virus –por ejemplo, en la poca mención a las pruebas moleculares y el seguimiento y aislamiento de los infectados–, es evidente que ahora el Estado, poco a poco, incrementa el número de camas hospitalarias, de camas de unidades de cuidados intensivos y la provisión de oxígeno, con objetivos y metas. Más allá de la tragedia hospitalaria y los cerca de 50,000 muertos por el Covid (20,000 reconocidos por el Ejecutivo), los anuncios siempre serán tardíos, pero todos debemos alegrarnos de que el mayor equipamiento del Estado signifique menos sufrimiento para nuestro pueblo. 

De otro lado, si bien el nuevo premier reafirmó la importancia de la atención primaria del sistema de salud (postas y centros médicos comunitarios) y habló del plan Tayta para acercarse a la comunidad, movilizar y organizar a la sociedad, mediante una estrategia comunitaria que busque aislar el virus en la población antes de llegar a los hospitales, la pregunta que nos hemos formulado desde el inicio de la pandemia sigue siendo la misma: ¿por qué no se habló de la importancia de la gerencia y los recurso de la empresa privada, de la organización y capacidad de movilización de las iglesias y de la disciplina y eficacia de las Fuerzas Armadas? Los éxitos sanitarios de Guayaquil, que concentró una explosión de infecciones y una de las tasas de letalidad más altas de la región, debería ser ejemplo de la alianza entre Estado, empresa, iglesias y Fuerzas Armadas, como estrategia para contener el Covid.

El discurso del primer ministro, de una u otra manera, falló en cuanto a la reactivación de la economía. Martos se focalizó en la inversión pública y en los programas para las pymes como ejes centrales de la movilización económica. Excepto algunos proyectos en infraestructuras que se ejecutarían a través de APP, en la presentación de Martos se guardó silencio frente a las inversiones en minería, agroexportaciones, hidrocarburos, etcétera. La explicación de estos olvidos solo puede estar en la decisión política de evitar confrontar con el ala izquierda del Congreso, que se caracteriza por su identidad anti inversión. Tampoco se mencionaron los conflictos en Espinar y en la Amazonía que, de una u otra manera, obligan a pronunciamientos del Ejecutivo con objeto de recuperar la autoridad del Estado.

Allí reside el gravísimo error del mensaje del primer ministro. Ojalá que todo tenga que ver con el pragmatismo de una salida política circunstancial, y no con un criterio de gobierno. Sería una verdadera locura. Si la recesión se devorará más del 15% del PBI, si se van a destruir más de tres millones de empleos y cerca del 30% de la población caerá debajo de la línea de la pobreza, desdeñar la inversión privada puede convertirse en una afrenta social imperdonable.

Por ejemplo, Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, acaba de señalar que si el Perú ejecutara seis nuevos proyectos mineros en el norte y en el sur, el país estaría en condiciones de crecer por encima de los dos dígitos y reducir pobreza significativamente. Fernando Cillóniz, empresario y ex gobernador de Ica, acaba de señalar que el Perú podría movilizar inversiones por el equivalente de un PBI nacional –de antes de la pandemia– si se promueven inversiones masivas en vivienda, minería e infraestructuras.

Guardar silencio frente a la inversión privada es guardar silencio frente a la única posibilidad que tiene el Perú: el sector que aporta el 85% de los ingresos del Estado –que malgastan los burócratas– y que explica el impresionante proceso de reducción de pobreza en las últimas décadas antes de la pandemia. ¡No puede ser!