Máxima Acuña: se empieza a caer el relato

La noticia reciente acerca de que la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos ha ratificado que el caso Máxima Acuña contra la empresa Newmont debe resolverse en el Poder Judicial peruano es, sin duda, un golpe devastador contra las organizaciones no gubernamentales internacionales y el movimiento antiminero en el Perú.

Sucede que meses atrás, un tribunal del distrito de Delaware (Estados Unidos), rechazó en primera instancia una demanda competencial presentada por los abogados de Acuña de Chaupe, la todopoderosa organización EarthRights. ¿Qué sentenció? Que el caso Acuña de Chaupe no podía investigarse ni resolverse en los fueros estadounidenses, sino en el Perú. No conforme con ello, la ONG que auspicia a Chaupe y a su familia en este litigio contra la empresa Newmont, concesionaria del proyecto Yanacocha, volvió a presentar el caso en la Corte Federal de Apelaciones y, como ahora sabemos, también ha sido rechazado.

¿Bajo qué argumentos ha rechazado la Corte federal la demanda de Acuña y sus abogados? El único argumento es que las instituciones del Perú son “absolutamente confiables” para atender la demanda “debidamente”. No obstante este golpe, la defensa de Chaupe ha indicado que volverán a presentar una nueva apelación.

Vale recordar que la defensa legal, EarthRights, desarrolló una agresiva propaganda contra el Perú y su justicia. Dicha ONG le dijo al mundo entero que la justicia peruana “está consumida en una corrupción sistémica y sin precedentes” y que la empresa no quiere rendir cuentas ante un tribunal de Estados Unidos.

Dicha campaña no ha surtido efecto. Si bien para nadie es un secreto que existen graves deficiencias en las instituciones peruanas, no es cierto que en el caso de Acuña de Chaupe haya sospechas de corrupción. Menos aún cuando el propio Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han fallado varias veces a favor de Acuña de Chaupe.

Solo en octubre pasado, en una resolución del Tribunal Constitucional, se indicaba que la empresa minera Yanacocha, “debía retirar unas cámaras de vigilancia que había instalado como medida de prevención alrededor de sus predios contiguos al de la señora Máxima Acuña de Chaupe”. Dicha resolución fue aplaudida por todo el arco antiminero. Si bien dicha resolución se debe respetar, es importante precisar que Máxima Acuña y su familia, promovidos por el movimiento antiminero, han venido realizando acciones de usurpación de tierras de manera constante. Si el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de Acuña de Chaupe, ¿por qué ahora se desarrolla una campaña contra el Perú y sus instituciones? Honestamente no lo sabemos.

Como ya lo hemos informado en varias ocasiones, la izquierda y las organizaciones no gubernamentales crearon la leyenda acerca de que Máxima Acuña y su esposo Carlos Chaupe son dueños del terreno que ocupan en Tragadero Grande, y que la compañía Newmont pretende despojarlos de esa tierra sin tener derecho alguno y abusando de su poder económico. La verdad es muy diferente: los terrenos que reivindica la familia Chaupe Lozano pertenecen legalmente al Proyecto Conga desde 1997.

En todo caso, es una buena noticia que la justicia estadounidense haya detenido las campañas de las oenegés de izquierda, que suelen demonizar a las empresas mineras e inventar leyendas de todo tipo.