El Ejecutivo presentó el proyecto de ley en que solicita facult...
Luego de un mes de la nueva administración es incuestionable que el Perú se encamina a una etapa de estabilidad política porque la jefe de Estado, Keiko Fujimori, y los ministros del gabinete, que preside Luis Galarreta, están focalizados en tomar las riendas del Estado y relanzar la acción gubernamental. Quizá el espacio en donde se percibe esa voluntad y ese cambio sea el de las acciones e iniciativas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y de El Niño global que azotarán el Perú hasta el verano del próximo año.
En Piura, por ejemplo, una de las regiones que será más golpeada por el evento climático, se ha logrado avanzar en un 30% con respecto a la descolmatación de los ríos, sobre la base de una alianza entre el Estado y el sector privado. La voluntad de la presidente Fujimori explica esos logros, la participación de la empresa privada y el despertar de los gobiernos subnacionales. Hoy cada distrito, cada zona, por ejemplo, cuenta con una bomba para enfrentar las inundaciones.
Sin embargo, el Ejecutivo empieza a expresar algunas incoherencias políticas que, de ninguna manera, deben ser asumidas por la figura de la jefe de Estado. Las marchas y contramarchas ministeriales sobre las versiones con respecto a la captura de los criminales que secuestraron a un empresario –luego de asesinar a cuatro de sus acompañantes– de ninguna manera deben ser asumidas por la jefe de Estado.
Cuando la presidente Fujimori salió al frente de las especulaciones sobre el operativo en Trujillo dejó la impresión de que la jefe de Estado resolvía el problema. A nuestro entender eso no debe suceder. Los ministros están para salvaguardar la figura de la jefe de Estado. En realidad, la idea del referendo ministerial y el concepto de un fusible político siempre abona a la majestad de la jefe de Estado, sobre todo frente a la naturaleza del nuevo gobierno que emerge de una situación extremadamente polarizada.
En estas imágenes alrededor de las versiones del operativo de Trujillo el Ejecutivo revela incoherencia y falta de unidad política que erosionan el objetivo de restablecer el orden en el país. Un objetivo que solo se puede cumplir si es que el nuevo gobierno recupera el principio de autoridad.
Algo parecido sucede con el sector Economía y Finanzas con respecto a la posibilidad de aumentar impuestos para el sector privado. Un reciente informe de la OCDE, una entidad tomada por el progresismo mundial, propone eliminar el régimen promocional del agro que promueve la inversión, la reinversión, el empleo formal y el incremento de la recaudación tributaria –tal como se ha demostrado en las últimas dos décadas–, en lugar de reducir gasto estatal y las planillas abultadas o enfrentar la brutal sangría fiscal que causa Petroperú. Se propone aumentar impuestos en vez de reformar el sistema de inversión pública a través de los gobiernos regionales que saquean la riqueza nacional que produce el sector privado. Y se sostiene que un sector de Economía y Finanzas promueve esta medida.
Una de las cosas más impresionantes de esta intención de eliminar el régimen promocional en el agro es que avanza en contra de uno de los mayores logros del fujimorismo histórico y del actual movimiento naranja que, un año atrás, desarrolló una épica legislativa en contra de las izquierdas para restablecer el régimen promocional del agro a partir de este año.
Planteadas las cosas así también empieza a surgir un problema de coherencia ideológica en el gobierno que puede tener consecuencias en los temas de mediano y largo plazo. Aumentar impuestos en vez de reducir el Estado es un asunto mayor.
Quizá todos estos hechos reseñados son inevitables por la pluralidad del Gabinete que preside Luis Galarreta. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a resolver estas aparentes incoherencias en política y en ideología. En otras palabras, como se dice, ¡hay la obligación de ajustar algunas tuercas!
















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