Luego de un año del fallido golpe, ¡preservar el Estado de derecho, cueste lo que cueste!

En un acto que sorprendió a todos los peruanos, el Equipo Especial Anticorrupción del Ministerio Público detuvo a los asesores de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente integrar una organización criminal vinculada a ilícitos en el Congreso. Enseguida la propia Fiscal de la Nación destituyó de la coordinación del mencionado equipo especial a la fiscal Marita Barreto. Horas más tarde, en un mensaje a la Nación, la Fiscal de la Nación anunció que se mantenía en el ejercicio de sus funciones y presentó una denuncia constitucional en contra de la presidente Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

La crisis, que parecía comprometer al Congreso y al Ejecutivo, se produce a pocos días de cumplirse el fallido golpe de Pedro Castillo –el 7 de diciembre pasado–, cuando las instituciones tutelares de la República cerraron filas en defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Entre las mencionadas instituciones estuvieron el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Igualmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) jugaron un papel gravitante en la defensa del orden constitucional.

Esa unidad alcanzada por las instituciones y la mayoría de peruanos, hoy está resquebrajada ante la crisis desatada en el Ministerio Público. La denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación en contra de los miembros del Poder Ejecutivo, incluso, llevó a algunos a hablar de la necesidad de adelantar elecciones. Sin embargo, uno de los peores errores de los demócratas ahora sería abandonar el curso institucional de la República para buscar atajos, ante la ilusión de que adelantar las elecciones a tontas y locas reorganizará el sistema democrático.

En primer lugar, debemos señalar que preservar las instituciones implica procesar todas las investigaciones y procedimientos contemplados en la Constitución y en las leyes orgánicas de las instituciones en contra de los altos funcionarios investigados. Bajo ningún criterio se deben detener las indagaciones.

En segundo lugar, igualmente, se debe aseverar que la propia Constitución contempla todos los procedimientos para tramitar denuncias en contra de los miembros del Ejecutivo, incluido el jefe de Estado. Sin embargo, la propia Carta Política establece criterios y plazos para investigar al primer mandatario con el objeto de preservar la vigencia de las instituciones del Estado de derecho (Ejecutivo y Congreso). En ese sentido es absolutamente posible tramitar investigaciones y desarrollar todos los procedimientos respetando el cronograma institucional y preservando el Estado de derecho hacia las elecciones del 2026.

Las elecciones nacionales y los plazos contemplados en la Constitución deberían representar un gran objetivo nacional para todos los peruanos y, particularmente, para los miembros del Congreso. Imaginar un adelanto electoral por la crisis iniciada en el Ministerio Público, por ejemplo, sería echar por la borda los intentos de reformar el sistema político que se expresan en la aprobación de la bicameralidad, la eliminación de la prohibición de la reelección congresal y la derogatoria de las leyes primarias abiertas y obligatorias que empoderan a la burocracia en contra de la construcción de los partidos. 

Igualmente, adelantar las elecciones por las crisis en determinadas instituciones, simplemente, ahogaría cualquier posibilidad de reactivar la economía en el 2024. ¿Quién se atrevería a invertir en medio de las neblinas y la incertidumbre que desataría un adelanto electoral?

La democracia hoy se asemeja a una máquina desvencijada en la que apenas funcionan los motores. De alguna manera el Estado de derecho enfrenta una adversidad igual o peor que el golpe fallido de Castillo y las olas de violencia insurreccionales del verano pasado. El deber de los demócratas es resistir y preservar a cualquier costo el sistema democrático y llevar el sistema republicano hasta las elecciones del 2026. Si el Estado de derecho resiste habrá pasado las peores pruebas y la Constitución se habrá enraizado en la vida política de los peruanos.