Luego de más de tres meses: luces y sombras de Dina Boluarte

Luego de tres meses de gobierno, desarrollar un balance de la gestión administrativa de Dina Boluarte requiere diferenciar un antes y un después de la llegada del ciclón Yaku y la devastación que dejó en numerosos poblados y ciudades del país. Definitivamente, los desastres naturales representan, como se suele decir, un nuevo partido que deberán enfrentar el Gobierno y el Estado en general.

Antes del ciclón Yaku, el Gobierno de Boluarte, de una u otra manera, en medio de gigantescos errores y limitaciones, fue capaz de preservar el Estado de derecho, junto a las instituciones tutelares del sistema republicano. El golpe fallido de Pedro Castillo fue la expresión de una estrategia insurreccional que utilizó todos los recursos del Estado para instalar una constituyente durante un año y medio; sin embargo, ante el quiebre constitucional, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la policía nacional del Perú (PNP), preservaron el régimen constitucional y la señora Boluarte asumió la sucesión constitucional.

La presidente constitucional, a contracorriente de su reciente historia y de sus tradiciones políticas, en medio de terribles marchas y contramarchas, usó constitucionalmente la fuerza pública ante una de las olas de violencia más feroces que ha desarrollado el eje bolivariano en la región. Creemos que el Gobierno de Boluarte será recordado por las futuras generaciones como la administración que, a pesar de todas las sumas de adversidades, preservó la Constitución y el Estado de derecho. Si la constitucionalidad sigue afirmándose en los próximos años el hecho de mantener el Estado de derecho crecerá en juicios y valoraciones. El Perú se salvó de una pesadilla totalitaria que pudo haber durado décadas.

Otro de los aspectos que merece subrayarse entre los logros del Gobierno de Boluarte es que devolvió el principio de gobernabilidad en el Ejecutivo y el Estado. Más allá de cualquier crítica al Gabinete Otárola, resulta incuestionable que el equipo ministerial es uno con capacidades, formaciones técnicas y sentidos comunes superiores a los equipos de Castillo, y que nos permite enfrentar la gobernabilidad. Los gabinetes de Perú Libre, por el contrario, eran una suma de activistas revolucionarios que llegaron a los ministerios a utilizar “el estado burgués” para destruirlo por dentro y organizar el nuevo poder a través de la constituyente. De allí la ineficiencia generalizada y la corrupción extendida. ¿Se imaginan cómo hubiesen sufrido los pobres con cualquiera de los gabinetes designados por Castillo en cualquier iniciativa para enfrentar el ciclón Yaku?

Igualmente vale destacar que, seguramente por el objetivo de sobrevivir y la presión de las circunstancias, el Gobierno de Boluarte ha recuperado el diálogo y la conversación política con los demás partidos y actores públicos. Una diferencia sustancial con la guerra y la polarización que fomentaron los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y Castillo.

A nuestro entender, el mayor error del Gobierno de Boluarte es creer que es posible gobernar sin derogar todos los intentos estatistas y anti inversión del Gobierno de Castillo. Por ejemplo, los decretos laborales que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial y liberalizan en extremo el derecho a huelga, tienen como objeto crear la guerra de clases en las inversiones en desarrollo (minería, agroexportación y servicios). Es imposible imaginar gobernabilidad, crecimiento y reducción de pobreza sin derogar estas normas, las mayores modificaciones al modelo en los últimos 30 años.

Igualmente, si no se relanza la inversión pública y algunos proyectos mineros, que cuentan con las condiciones para concretarse –como sucede con Conga y Tía María, por ejemplo– resultará imposible organizar la gobernabilidad para los próximos años.

Antes del ciclón Yaku, pues, el balance era positivo para la administración Boluarte, que preservó el Estado de derecho no obstante una de las estrategias violentistas más cruentas del eje bolivariano en la región. Hoy el Estado de derecho sigue en pie mientras las vanguardias de la violencia pierden cualquier apoyo de la gente.