Los conflictos sociales en el candelero

Fracaso estatal y el radicalismo explican problema

La artificial polaridad fujimorismo - antifujimorismo, que levantó la izquierda luego de que la administración PPK asumiera el poder, evitó que la agenda nacional se concentrara en los verdaderos problemas del país. De pronto hubo la creencia de que la crisis de seguridad ciudadana, la reactivación económica, los conflictos sociales y la reforma del Estado tenían una solución mágica con la delegación de facultades legislativas.

Los peruanos de buena voluntad sabemos que eso nunca fue así. Por ejemplo,  Rolando Luque, flamante jefe de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en entrevista a Perú 21, describe la gravedad de los conflictos sociales y nos recuerda que se avecina más de una prueba de fuego.

La democracia de los últimos quince años —que avanza hacia su quinta elección nacional sin interrupciones— no se puede explicar al margen de los conflictos sociales. El Arequipazo, el Baguazo, el Congazo y el Tiamariazo, por ejemplo, dibujan una línea de tiempo de enfrentamiento  de las comunidades y localidades con el Estado alrededor de las inversiones en recursos naturales.

¿Cómo explicar semejante conflictividad? En la década de altos precios de commodities se multiplicaron las inversiones en minería, recursos naturales e infraestructuras. El Estado se llenó de ingresos fiscales como nunca, cobrando impuestos a los inversionistas. Sin embargo, fue incapaz de proveer carreteras, escuelas, postas médicas e integrar institucionalmente a las poblaciones cercanas a las inversiones. En este contexto, en la provincia surgieron islas de modernidad, retazos del siglo XXI frente a sociedades de centurias pasadas: riqueza versus pobreza.

El fracaso del Estado en medio de un increíble crecimiento en la provincia que solo beneficiaba a pocos —por la ineptitud estatal— explica que, según la Defensoría del Pueblo, en el Perú se reporten 212 conflictos sociales, de los cuales 152 están en calidad de activos y 70 latentes.

Sin embargo, la agresividad y la violencia con que se desatan los conflictos no solo pueden entenderse por el fracaso estatal. A partir de ese contexto, el radicalismo anti inversión desata una serie de relatos y leyendas que apuntan a demonizar a la empresa privada: desde la “expoliación de los recursos del pueblo” hasta “la contaminación del medio ambiente”.

La narrativa anti inversión se concentra, principalmente, en los proyectos mineros. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la izquierda extremista pretende agravar la desaceleración económica para que el 2021 haya espacio para la resurrección del discurso estatista. Todos los economistas han sostenido, por ejemplo, que sin el aporte minero el Perú estaría creciendo entre 1% y 2%. Es evidente, pues, que el extremismo sabe a dónde disparar.

De allí que el señor Luque nos sorprenda cuando señala que él no cree en conspiraciones. Si lo ha dicho por preservar “la neutralidad” de la institución que dirige estaría bien; pero si lo ha afirmado porque así lo cree estaríamos ante una típica ingenuidad que antecede al fracaso total.

El antiminero ideológico no busca preservar el medio ambiente ni mejorar las condiciones de los excluidos. Busca detener una inversión minera como parte de un proyecto político. Por ejemplo, Máxima Acuña de Chaupe es una verdadera puesta escena del radicalismo frenteamplista. En realidad no está interesada en “solucionar cualquier conflicto” con la empresa, porque el objetivo es otro: detener el relanzamiento de Conga. El antiminero que en Las Bambas se opuso al mineroducto propuso  como alternativa la carretera para trasladar el mineral. Ahora que ha conseguido ese objetivo denuncia el polvo que lanzan los camiones. Mañana será otro tema. El antiminero que en Tía María propuso la desalinización del agua lo consiguió, pero luego armó la mentira del polvo que iban a levantar los tajos contra la agricultura. Las leyendas, pues, son infinitas en una guerra de propaganda y antipropaganda.

Otro elemento que contribuye a desatar la violencia de los conflictos sociales es la indolencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, que libera al radical cuando atenta contra la vida, la salud y la propiedad de los ciudadanos y policías. La impunidad alienta la violencia.

Como se aprecia, ya se acabó el recreo y es hora de gobernar a todo vapor. El tema de los conflictos sociales, entonces, es más que una prueba de fuego.