Las izquierdas se oponen a nueva ley de promoción agraria

El Congreso acaba de aprobar en primera votación un nuevo régimen tributario para el sector agrario con el objeto de promover la formalización de más de dos millones de minifundistas, cada uno con menos de cinco hectáreas, que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura. La nueva norma establece que los pequeños agricultores que vendan hasta S/ 154,300 (30 UIT) no paguen impuestos y las unidades que comercialicen hasta S/ 721,000 (110 UIT) abonen el 1% en renta. En cuanto al régimen general se establece 15% en renta, devolución anticipada del IGV, depreciación acelerada y créditos tributarios por investigaciones, renovación tecnológica y otros. 

El gran vacío de la nueva ley de promoción agraria es que no avanza en el restablecimiento de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo para promover una masiva formalización del empleo y acelerar la reducción de la pobreza en las regiones agrarias. Sin embargo, las izquierdas y el progresismo en general han salido a enfrentar el nuevo régimen promocional señalando que solo favorece a las grandes exportadoras. Por ejemplo, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), en un comunicado, sostiene que el Congreso le da la espalda a la agricultura familiar porque el proyecto de ley aprobado solo beneficia a las agroexportadoras. ¿Cómo se puede afirmar semejante despropósito si la ley aprobada busca convocar a los minifundistas a la formalización –es decir, a toda la agricultura familiar del país–,con la propuesta de 0% y 1% en renta de acuerdo a las ventas. 

El CEPES, una de las conocidas oenegés del progresismo nacional –es decir, de los responsables ideológicos de la burocratización del Estado y del desmadre fiscal que han causado las izquierdas–, en su afán de desacreditar la nueva ley de promoción agraria señala que, según el MEF (durante la gestión de José Arista) el Estado perderá S/ 1888 millones anuales. Una cifra efectista que ignora que, durante la vigencia de la Ley de Promoción Agraria pasada (Ley 27360), el fisco pasó de recaudar S/ 97 millones a más de S/ 826 millones anuales. Sin la vigencia de dos décadas de la mencionada ley derogada, el Estado habría recaudado S/ 2,200 millones. Gracias al sistema promocional el fisco recaudó S/ 9,100 millones. Es decir, S/ 7,000 millones más para el Estado. Los ingresos del Estado en el sector se multiplicaron casi en ocho veces.

La lógica de las izquierdas y de las oenegés financiadas por los competidores internacionales de la agroexportación es evitar a cualquier precio la inversión privada y la reducción general de la pobreza en las áreas rurales. Las cifras de la ley promocional derogada sorprenden a cualquier observador del planeta: tasas de crecimiento incluso superiores a la China de la primera década del nuevo milenio; inversiones por más de US$ 20,000 millones y una constante reinversión de utilidades; crecimiento del empleo formal de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 a más de un millón de la actualidad y pobreza en las regiones agrarias muy por debajo de la media nacional, tal como sucede en Ica con 6% de pobreza (el promedio en el país es más de 27%).

Algo más. Se estima que, en este periodo, emergieron más de 10,000 empresas agroexportadoras, de las cuales el 80% correspondía a pequeñas unidades. En otras palabras, la inversión privada generó cadenas de valor que sacó a los pequeños agricultores al progreso luego de siglos de exclusión.

¿Cómo entonces se puede entender el discurso, las leyendas y mentiras de la izquierda? Simple. Necesitan de la continuidad de la pobreza para seguir tentando en el poder. Las bancadas del Legislativo entonces deberían elegir entre el discurso que construye fábricas de pobreza y el mensaje de la inversión privada y el empleo formal, el único camino al desarrollo.