¿Licencias de armas legales en peligro?

Para muchos es conocido la extremada sobrerregulación que pretende imponer la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) en contra del derecho legal que tienen los ciudadanos de portar armas. No obstante lo establecido en la ley, se busca la sinrazón para restringir el uso de armas por la ciudadanía para ejercer la legítima defensa y para las prácticas deportivas.

Algunos creen que las sobrerregulaciones y las restricciones de derechos en esta contribuirá al control del flujo de armas hacia la delincuencia. Bueno, pues, en el Perú está sucediendo todo lo contrario. Otros buscan restringir el derecho de la civilidad a portar armas más bien por razones ideológicas. Por ejemplo, una característica del chavismo en América Latina es eliminar el derecho de la ciudadanía a ejercer este derecho.

Durante el Gobierno de Ollanta Humala se intentó hacer pasar normas que, en la práctica, establecían el desarme civil. Incluso algunos proyectos de ley fueron copias textuales de la legislación de los países chavistas. Sin embargo, sendas acciones de amparo frenaron estas intenciones. Más tarde en el Congreso se aprobó una norma, alabada por propios y extraños, que incrementa la capacidad del Estado para el registro y control de armas legales sin atentar contra el derecho de los ciudadanos a la propiedad, la legítima defensa y la práctica deportiva.

En este contexto, ¿en qué consisten las sobrerregulaciones y trabas de la SUCAMEC contra el derecho a portar armas legales? Los burócratas suelen exigir requisitos a su entera discrecionalidad, no obstante que la ley establece requisitos explícitos y restringe el poder de los funcionarios. Asimismo, en vez de aceptar la buena fe de los ciudadanos que solicitan licencias legales (¿qué delincuente desarrolla semejante trámite?) se duda de sus intenciones con el objeto de que los peticionarios desistan ante las negativas de licencias, o las transferencias de armas a terceros de legítima propiedad. Sin embargo, se conoce que la burocracia sí alienta las licencias de los amigos o sectores conocidos.

Igualmente se niega el derecho a tener una licencia legal a ex militares y policías. Y también se niegan autorizaciones de importación de armas, municiones o accesorios no prohibidos, por supuestos “informes técnicos” de especialistas que todavía manejan los criterios de la década de los setenta del siglo pasado.

En este contexto no sería nada extraño que las sobrerregulaciones al derecho del ciudadano a portar armas legales y la excesiva discrecionalidad de los burócratas comiencen a generar zonas oscuras, áreas de corrupción en el Estado, vinculadas a estos temas. El resultado concreto: el aumento de la informalidad en el uso de armas civiles, la incapacidad del Estado para establecer un sistema de registros y, en consecuencia, mayores posibilidades para el crimen organizado.

No vaya a creerse que este es un debate promovido por un grupo de privados interesados en portar armas legales. Es un debate que atraviesa a la democracia. Por ejemplo, los regímenes chavistas fomentan el desarme civil como parte de sus estrategias; tal como ha sucedido en Venezuela, en donde bandas callejeras se han convertido en ejércitos errantes contra los ciudadanos.

Igualmente es un debate que compromete a Estados Unidos, una de las democracias más longevas y estables del planeta. En la segunda enmienda de la Constitución estadounidense se lee: “Una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, y el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”. Alexander Hamilton y James Madison estaban entre los padres fundadores que más defendieron este derecho, considerando que el pueblo debería estar en condiciones de defender su independencia ante la posibilidad de que el Reino Unido intentara volver a América.

Por todas estas consideraciones debemos permanecer alertas y exigir que la SUCAMEC solo cumpla la ley. Nada más.