Las leyendas de la conflictividad minera

Según la ONG CooperAcción, la pandemia de coronavirus ha revelado “la profunda e histórica desigualdad en las regiones y el rebrote de conflictos vinculados a la minería”. Sin embargo, las oenegés de izquierda ignoran que esos conflictos son artificiales porque, por ejemplo, exigieron a la mina Las Bambas (en Apurímac) la entrega de bonos solidarios de S/ 1,000 a cada poblador, y que las tarjetas multiusos repartidas son negociadas por los pobladores. En otras palabras, el dinero de los fondos sociales destinados a la construcción de carreteras, postas médicas y colegios, se utilizó en bonos que eran exclusiva responsabilidad del Estado. De esta manera S/ 44 millones destinados para el desarrollo de las comunidades fueron despilfarrados por la “brillante” idea de los creadores de conflictos artificiales en los poblados. 

En un reporte de una oenegé se lamentan por los contagios de Covid-19 de los trabajadores, sin señalar que las infecciones –menores en la minería– fueron controladas por el confinamiento de las operaciones productivas, la organización de cuadrillas de trabajadores, la suspensión de las salidas de los trabajadores, la restricción del ingreso a los campamentos y las pruebas constantes para descartar el coronavirus. Los hechos aislados de contagio ocurrieron en las operaciones cercanas a los poblados habitados por los trabajadores. Además, las operaciones mineras fueron suspendidas de inmediato y se hicieron pruebas de Covid-19 a los pobladores de las comunidades. 

El informe de CooperAcción es tendencioso. Demoniza las operaciones mineras al señalar que “son lamentables los casos de trabajadores contagiados, la reducción de estándares y que los derechos a la vida no sean una prioridad”. Semejante afirmación se estrella con la realidad. La formación de cuadrillas –separadas unas de otras en los campamentos fumigados constantemente– y los controles sanitarios realizados antes de cada jornada laboral son hasta ahora prioridad de las empresas. Los trabajadores enfermos son atendidos de manera inmediata y los casos graves son derivados a clínicas y hospitales para su tratamientos. ¿De qué “indiferencia” y “derechos a la vida violentados” se habla entonces?

De otro lado, vale señalar que, según el reporte de CooperAcción, la presidenta del Congreso y representante del Frente Amplio (FA), Mirtha Vásquez, saluda el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), elaborado por CooperAcción, Grufides y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). Para Vásquez, “está demostrado que este régimen neoliberal ha sido incapaz de construir cimientos en la sociedad”. ¿Cómo se explica entonces el fenómeno de la disminución de la pobreza de 60% a 20% hasta antes de la pandemia y la emergencia? ¿De dónde el incremento de los presupuestos de las municipalidades provinciales y distritales por canon y regalías provenientes de las inversiones mineras?

Las corrientes comunistas señalan que las actividades mineras son incompatibles con la agricultura y el medio ambiente, ignorando la gran transformación de los paisajes áridos y secos a 3,000 metros de altura. El medio ambiente ha sido renovado con árboles y flora nativa gracias a la minería, que ofrece trabajo formal –directo e indirecto–, contratos preferenciales a proveedores locales y convenios de cooperación con las comunidades, y también desarrolla actividades vinculadas a la educación, salud, medio ambiente y actividades económicas locales. Las oenegés de izquierda ocultan el apoyo de las inversiones mineras a los colegios: estudiantes y profesores son becados en instituciones superiores regionales y de Lima. Así también, ofrecen programas de capacitación laboral en prestigiosos institutos tecnológicos. 

En las versiones antimineras de las corrientes comunistas y colectivistas hay mucha frivolidad e indolencia. Finalmente, para ellos los pobres no importan con tal de garantizar el objetivo ideológico de eliminar a la inversión privada.