¡Las Bambas nuevamente bajo asedio!

 

No obstante no pertenecer a la zona de influencia directa, los dirigentes del distrito de Velille (provincia de Chumbivilcas, Cusco) exigen a la compañía Minerals and Metals Group (MMG), concesionaria de la mina Las Bambas (ubicada en la provincia de Cotabambas, Apurímac) que se les pague S/ 50 millones de aporte anual por 50 años, con un incremento anual del 5%. De otro lado lo señalados dirigentes exigen ser reconocidos como parte de la zona de influencia directa de Las Bambas. 

A este pedido se suma la demanda de que el 80% de los puestos laborales en la mina sean ocupados por los pobladores de Velille. Igualmente exigen que la empresa contrate diversos servicios —como el transporte— con empresas del lugar. De esta manera, poco a poco se consolida una estrategia en base a la extorsión que demanda pagos no contemplados en la Constitución ni en la ley, que exigen puestos laborales y, encima, contratos de servicios con empresas de las comunidades. ¿Acaso no estamos ante una estrategia que busca estatizar en la práctica las inversiones en minería? ¿Acaso no se trata de una estrategia basada en la extorsión?

Como se sabe, el sábado pasado Frank Chávez Sotelo fue liberado de la prisión y viajó inmediatamente a Apurímac, zona considerada su centro de operaciones. Frank y su hermano Jorge son investigados en el Ministerio Públicos por haber intentado obtener ilegalmente S/ 100,000 de la compañía minera. Los hermanos fungen de “asesores” de la comunidad de Fuerabamba (distrito de Challhuahuacho, en Cotabambas), lugar donde se desarrolla Las Bambas. 

Los “asesores” Chávez y los “dirigentes” están vinculados a las ONG seudo ambientalistas, cuyo propósito es detener la producción de cobre en el Corredor Minero del Sur (Apurímac, Cusco y Arequipa). Jorge Luis Paredes, quien también forma parte de los “asesores” de Fuerabamba, dirige la base política del etnocacerismo, que planea postular a la presidencia del Perú al todavía encarcelado Antauro Humala. 

Los “asesores legales” ganan comisiones por lo que logran de las mineras para sus “clientes”. Por esta razón, en Las Bambas, los comuneros exigían primero “compensaciones económicas” por supuestos puestos de trabajo que no fueron cubiertos desde 2014. Después pedían puestos de trabajo para personas que no fueron parte de las familias empadronadas durante la etapa de reasentamiento de la comunidad. Todo esto se replica en otros proyectos mineros cercanos; como en la mina Constancia, donde algunos sectores exigen también aportes económicos. 

En febrero pasado, después que se inició el bloqueo del corredor vial del sur, los representantes de la empresa minera, las autoridades nacionales y locales y los comuneros intentaron dialogar para alcanzar acuerdos. Sin embargo, todos los intentos fueron saboteados por los hermanos Chávez. El objetivo no era el compromiso de la minera y las autoridades para mejorar la educación, la salud, el medio ambiente y las actividades económicas de los pobladores, sino dinero efectivo. En este contexto, los dirigentes dejan de lado las obras de mejoramiento social de los pueblos. Los comuneros ahora exigen aportes económicos para sus gastos personales, triste realidad propiciada por los “asesores” de las comunidades. 

Las Bambas aporta cerca del 1% del PBI. El magro crecimiento económico del país, de 0.02% en abril, también se explica por el bloqueo de los envíos de cobre. De la mina dependen más de 8,000 trabajadores de manera directa y alrededor de 48,000 indirectamente, sobre todo mediante actividades de transporte, mantenimiento, hostelería y producción de bienes y servicios. 

El desarrollo de Las Bambas ha posibilitado una impresionante reducción de la pobreza en Apurímac. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 2011 y 2017 fue de 57% a 36.8%. Además, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la economía apurimeña se expandió en más de 200% cada año de la etapa de construcción de la mina.

En el Corredor Minero del Sur, las acciones de los seudos dirigentes ha devenido en una clara forma de delincuencia organizada. El asesor Frank Chávez Sotelo tiene diversas denuncias y una condena de prisión efectiva por falsificación de documentos (revocada por un artificio legal). Es decir, impunidad. Mano blanda contra la delincuencia política mientras el Ejecutivo sigue guerreando contra el Legislativo.