La transición afectada y el sector privado bajo ataque

Cuando el presidente interino, Francisco Sagasti, asumió la jefatura de Estado prometió un gobierno no partidarizado y la convocatoria a todas las corrientes políticas. Desde este portal saludamos con gran sinceridad el gesto presidencial, e incluso nos atrevimos a sugerir que el señor Sagasti debería ser el jefe de Estado que cancele la guerra política que, luego del 2016, inició Fuerza Popular y que el ex presidente Vizcarra llevó a niveles inimaginables. El resultado de la guerra: la destrucción del sistema institucional, político y económico que se había construido en las últimas décadas.

Sin embargo, la decisión de la administración Sagasti de persistir en el paso al retiro a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en contra de la ley general de la propia entidad, es un acto que atenta contra un mejor momento político y mayores niveles de gobernabilidad. No solo porque la PNP se ha declarado en huelga de brazos caídos frente a la violencia de las minorías radicales, sino porque esta situación se convierte en el peor enemigo del éxito de la administración Sagasti; es decir, el peor enemigo de la transición hacia el 2021. Todos sabemos que si las cosas continúan de esta manera es incuestionable que se desatará la anarquía en el Perú, tal como sucedía en siglos pasados.

La desorganización del sistema republicano y la disolución de las instituciones en la anarquía general es el escenario ideal para que las corrientes comunistas y colectivistas, adscritas al Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, fuercen la convocatoria de una constituyente y destruyan al debilitado sector privado (por el mal manejo de la pasada administración Vizcarra). Si los radicales consiguen organizar este escenario, la estrategia de perpetuarse en el poder político –mediante una constituyente– y de concentrar el poder económico, con la pulverización del tejido empresarial, se convertirá en una trágica realidad. 

¿El presidente Sagasti avala esta lógica? No lo creemos, porque su trayectoria académica y de vida indican que es un demócrata y un republicano. Lo que sucede es que un ala del nuevo Ejecutivo presiona y cree que el poder se asalta, que las instituciones republicanas deben controlarse como si se tratara de federaciones universitarias.

La disolución de la República en la anarquía instaura la dictadura de las minorías radicales que apuestan por el colectivismo estatista. Lo hemos visto con meridiana claridad en la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, la mejor ley económica de las últimas dos décadas, que pretende ser copiada por países vecinos y de otros continentes y que fue mantenida durante cuatro gobiernos constitucionales. Gracias a esa norma el Perú incrementó su recaudación a niveles impensados: las exportaciones crecieron de US$ 850 millones a más de US$ 7,000 millones y la pobreza se redujo significativamente. Sin embargo, la informalidad en los contratos de un sector del agro desató la violencia de menos de 3,000 personas, que derribaron un milagro agroexportador de dos décadas.

El objetivo del colectivismo no solo es concentrar poder político con la constituyente. Para perpetuarse en el poder necesita destruir al sector privado porque el estado-empresario es la única garantía para que el caudillo, el partido o la nomenclatura, llegue a controlar totalmente el poder y el Estado. En ese sentido, derogar la Ley de Promoción Agraria es un éxito inimaginable para el comunismo. Ahora que las minorías radicalizadas organizan una huelga general en el sur contra las minas de cobre, que producen cerca del 50% del metal rojo nacional, las cosas empiezan a clarificarse. Estos sectores no solo buscarán forzar la constituyente, sino también derogar la Ley General de Minería.

Destruir el sector privado, destruir los sectores con alta intensidad de capital (agroexportaciones y minería) y que generan ingresos fiscales y empleo, es uno de los objetivos centrales de cualquier estrategia colectivista. Es la manera más directa de hacerse del poder.

Por todas estas consideraciones, el presidente Sagasti debe elevar la mirada y mirar la historia. Debe dejar de escuchar a las facciones que lo rodean y pretenden desarrollar controles institucionales. Todos los peruanos y el futuro de las instituciones republicanas, de alguna manera, dependen de la sapiencia del jefe de Estado en la restauración del mando policial y la recuperación del orden público y de niveles mínimos de gobernabilidad para garantizar las elecciones del 2021.