¿La reforma judicial no era prioritaria?

Los proyectos de reforma política que el presidente Martín Vizcarra ha entregado personalmente al Congreso han causado el efecto nocivo de velar la urgencia, la dramática necesidad, de concretar una reforma del sistema de justicia que le agregaría un nuevo piso al edificio de la República. Hoy ya nadie discute la reforma judicial. La envoltura populista del referéndum y las discusiones entre el oficialismo y oposición sobre la fecha de la eventual consulta popular suman algunos puntos de aprobación a Vizcarra, pero desgastan el precioso y único momento a favor de la reforma de la justicia, causado por la indignación ciudadana contra la corrupción judicial.

A estas alturas la idea del referéndum es una estrategia política que el Ejecutivo pretende apretar o soltar de acuerdo a las tensiones con el Congreso y las propuestas de no reelección congresal, de un bicameralismo con cien diputados y 130 senadores, y los temas del financiamiento de los partidos (que ya están incorporados en la legislación electoral); en realidad, son incoherencias constitucionales que ningún Legislativo puede aprobar sin cambios sustanciales a riesgo de empobrecer el sistema de representación política. Cuando en el Perú estamos urgidos de contar con una clase política para no elegir Toledos, Humalas y PPKs, al jefe de Estado se le ocurre proponer la no reelección congresal para conseguir el aplauso efímero de la tribuna.

El Ejecutivo quiere popularidad y, al parecer, no le interesan demasiado las reformas. De lo contrario la estrategia presidencial se basaría en la búsqueda de los entendimientos entre Ejecutivo y Legislativo, en la confluencia de las instituciones vinculadas al sistema de justicia para concretar la reforma judicial.

El gran problema del jefe de Estado es que comienza a acumular todos los yerros políticos que alguna vez cometió PPK: creer que se puede gobernar con una coalición mediática, pendiente de las cifras que maceran algunas encuestadoras y subrayando la idea de que el fracaso de una administración nacional depende de los gruesos errores del Congreso. ¿Y la reconstrucción del norte? ¿Los logros en seguridad ciudadana? ¿Cómo evitamos que niños y ancianos sigan muriendo por las heladas? ¿Extendemos o no la vigencia de la Ley de Promoción Agraria? ¿Cómo se impulsan las inversiones en infraestructuras? ¿No es necesario desarrollar un paquete reformas para relanzar un crecimiento sostenido hacia el 2021? Ya sabemos cómo terminan las cosas si se gobierna como lo hizo PPK.

Pero lo más lamentable del juego político de Vizcarra alrededor de las reformas y el referéndum es que, en medio de las tragedias que nos revela la corrupción judicial, no revaloramos la persistencia institucional y la resiliencia democrática que comienza a demostrar la República. Nuestra democracia ha tramitado la renuncia del ex presidente Kuczynski, ha removido magistrados —como los miembros del Consejo de la Magistratura—, se ha acusado constitucionalmente a magistrados supremos y se ha detenido a vocales superiores, con los mecanismos y procedimientos establecidos en la Constitución de 1993.

Una democracia que se aferra a las instituciones —no obstante el descrédito del Congreso, del Poder Judicial y del propio Ejecutivo— solo puede salir más fortalecida. Una crisis extrema no ha derribado las instituciones —tal como lo planteaba la izquierda con sus tesis soviéticas de recurrir al “soberano” para adelantar elecciones—, y es evidente que si la democracia procesa y concreta las reformas, la República que todos pretendemos construir echará más raíces.

En ese contexto debemos inscribir el debate sobre la reforma judicial. Se ha planteado que los miembros del CNM sean elegidos mediante concurso público e, igualmente, se ha propuesto un sistema de control externo para jueces y fiscales. ¿Estamos en lo correcto? El Congreso debería estar convocando a audiencias públicas para movilizar el debate de la sociedad.

Concretar la reforma judicial en el Perú le agregaría un nuevo piso la República que siempre parece un proyecto frustrado. En este portal hemos sostenido que la reforma del sistema de justicia podría tener el mismo valor que la continuidad democrática actual (que avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones), que las masivas migraciones que dibujaron el todavía rostro borroso de la peruanidad y que las reformas económicas de los noventa, que desataron las posibilidades capitalistas del Perú.

Por favor, prioricemos, entonces, la reforma judicial. Y si en este camino se construyen convergencias, también concretemos la ansiada reforma política, pero al margen de las pequeñeces de las estrategias para aumentar puntitos en encuestas aderezadas por nuestras conocidas encuestadoras.