El financiamiento privado de los partidos en el sistema republicano

Los partidos políticos siguen siendo las únicas instituciones sobre las cuales se puede organizar una democracia o, para ser más precisos, los sistemas republicanos. Es decir, un sistema de gobierno en el que gobiernan las instituciones con el objeto de controlar los excesos del poder. No obstante la IV Revolución Industrial, la digitalización de las relaciones humanas y el surgimiento de una sociedad de redes hasta hoy no se ha inventado una manera alternativa de organizar la democracia alternativa al de los sistemas de partidos.

En las últimas dos décadas la legislación progresista apuntó a debilitar el precario sistema de partidos políticos, no solo a través de normas que relativizaban el papel de los mismos, sino también a través de una brutal judicialización de la política nacional. En colmo de los paroxismos antipartidos se convocó un referendo para limitar el aporte del sector privado a los partidos, como si cualquier vínculo de la empresa con los políticos mereciera todas las sospechas posibles. De una u otra manera, debajo de esta legislación progresista estaba el evangelio marxista que identifica a la democracia con el régimen de la burguesía. Y a la clase empresarial como la fuente de la pobreza y extracción de la plusvalía.

Los límites a los aportes del sector privado desencadenaron la irrupción de las economías ilegales y la informalidad en la representación política. De allí que algunas bancadas del Congreso toleren la minería ilegal, por ejemplo. Pero no solo son asuntos del financiamiento. El criterio de que la conciencia individual del parlamentario es más importante que el criterio de la bancada o el partido ha desencadenado la fragmentación de los partidos. Perú Libre llegó al Congreso con 37 representantes, pero se ha balcanizado en más de seis bancadas. Igualmente, la posibilidad de presentar movimientos regionales al margen de las organizaciones nacionales convierte la idea de partido político en un asunto local y relativo y facilita la irrupción de las economías ilegales.

El Perú, entonces, necesita desarrollar reformas legales para recuperar la idea del partido como el centro de la democracia, como el príncipe de la república moderna. Si los partidos presentan programas y son sancionados por el elector mediante el triunfo, la derrota o, incluso, la extinción política, ¿por qué se ha legislado para erosionarlos, si no destruirlos? 

En las democracias longevas, ya sea en los Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, el financiamiento privado a los partidos no tiene límites siempre y cuando se desarrolle de manera bancarizada y se declare ante la autoridad tributaria. Igualmente si un parlamentario abandona una bancada legislativa por “criterios de consciencia” pierde la curul y el partido lo reemplaza con otro parlamentario.

En el Perú, entonces, se ha sobrerregulado a los partidos en extremo, mientras las oenegés mantenían todos los libertinajes posibles para conseguir financiamiento externo y desarrollar políticas públicas. Sin rendir cuentas a nadie, las oenegés pasaron a convertirse en los príncipes de las políticas públicas y se resisten a cualquier forma de supervisión, tal como lo demostraron contra un proyecto del Legislativo en ese sentido.

En las democracias longevas existe la partidocracia; es decir, los partidos representados en los poderes soberanos constituyen los centros de la decisión pública, los centros del poder. En el Perú, al restringirse el aporte privado a los partidos, comienza a surgir un ensayo institucional en el que se sobredimensiona el poder de las oenegés en las políticas públicas, en el que las economías ilegales se apoderan de movimientos regionales y las formaciones políticas nacionales y en el que los partidos se fragmentan reproduciendo los mismos vicios y errores previos.

Bajo el concepto gaseoso de la participación ciudadana en política, o el llamado control de la sociedad de la política, la destrucción de los partidos políticos comienza a erosionar el sistema democrático a niveles nunca imaginados. 

La reforma entonces solo tiene un camino: volver a empoderar a los partidos políticos.