La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Al cierre de esta edición, antes que certezas solo existían interrogantes sobre la votación de la moción de vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente que se tramitaba en el Congreso de la República. Algunos señalaban que se iban a alcanzar los 87 votos requeridos para tramitar la vacancia, mientras que otros aseguraban que no sería posible y que se iba a mantener el status quo del país.
Una sensación de desmoralización parecía recorrer las filas de la oposición ante la eventualidad de no lograrse el relevo del mandatario. Todos perciben la urgencia de iniciar una transición política del actual desgobierno nacional en que nos ha sumido la administración de Pedro Castillo.
Sin embargo, al margen de que se logren o no los votos para la vacancia, existe una agenda impostergable para la oposición política que, de una u otra manera, determinara el éxito o n, en la defensa de la Constitución, el equilibrio de poderes, las libertades, el modelo económico y la economía de mercado. Sin una oposición política medianamente organizada será imposible defender exitosamente el Estado de derecho.
En ese sentido, el Perú necesita una oposición unificada alrededor de una plataforma común de defensa de la Constitución y el Estado de derecho, más allá de las diferencias existentes en los sectores opositores. La unidad para oponerse a la asamblea constituyente, a las arbitrarias interpretaciones del Ejecutivo sobre el referendo y el uso de la cuestión de confianza, de una u otra manera, han posibilitado formar una amplia mayoría en el Congreso, que ha logrado movilizar a las demás instituciones republicanas, como el Tribunal Constitucional.
La idea de sumar el más amplio espectro en la defensa de la Constitución, igualmente, debería expresarse en la formación de una mayoría para derogar los decretos laborales promulgados por el Ejecutivo, que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización y liberalizan en extremo el derecho a huelga, con el objetivo de ahogar a la inversión privada. Algo parecido debe suceder en la defensa de la Carrera Pública Magisterial que pretende ser desmontada mediante la figura de los “encargados”, que reemplazarán a más de 20,000 directores (la mitad de los colegios públicos) nombrados por un concurso del 2014 y ratificados por otro del 2018. Apenas venzan los plazos no habrá directores por concurso, sino encargados del Ministerio de Educación. Sucede que los encargados serán los responsables de la evaluación final de los maestros que concursan en la Carrera Pública Magisterial.
¿Qué pretendemos señalar? Que cualquiera sea el resultado de la votación por la vacancia, la oposición tiene una agenda ineludible que enfrentar para seguir preservando la Constitución y el Estado de derecho. Y esa agenda no solo debe circunscribirse a los temas de la vacancia y la transición política, sino también a batallas parciales. Es decir, a la defensa concreta de instituciones, reformas y, sobre todo, del sector privado y del modelo económico, que se han convertido en los adversarios más soberbios del proyecto de la asamblea constituyente.
Por ejemplo, el Ejecutivo no logra concretar su asamblea constituyente, pero convoca a todas las izquierdas a defender los perniciosos decretos laborales que pretenden colectivizar las relaciones de trabajo, y continúa avanzando en el control del sistema educativo con los grupos maoístas del Frente Nacional de los Trabajadores de la Educación Peruana.
Es evidente que la votación por la vacancia marcará un hito en la lucha contra el desgobierno nacional del país. Sin embargo, la defensa de la Constitución y las libertades políticas dependerá de las batallas parciales que se ganen frente al Ejecutivo y las izquierdas colectivistas.
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