La ola criminal que no se detiene

 

La crisis de la seguridad ciudadana afecta a ricos y pobres, a ciudadanos y a empresas, y comienza a convertirse en un grave problema de gobernabilidad que ya afecta a la economía. Mientras continúan las tensiones Ejecutivo-Legislativo y persiste la judicialización de la política, la ola criminal parece imparable.

Con motivo de la presentación de la Agenda Bicentenario 2021, el Ejecutivo ha señalado que se invertirá S/ 31,000 millones en obras de educación, salud, comunicaciones e infraestructura vial, entre otras. Sin embargo, hay una proyección escalofriante: de ese total presupuestado, alrededor de S/ 4.65 millones podrían terminar en organizaciones criminales que controlan las obras de construcción civil en el país.

Diversas fuentes señalan que estas bandas de extorsionadores cobran 15% en promedio del total de la obra. Por ejemplo, el diario El Tiempo de Piura informa que en esa región existen 17 seudo sindicatos de construcción civil dedicados a cobrar cupos a las empresas constructoras. Bandas que han sido descubiertas y que incluso muchos de sus integrantes han sido capturados por extorsiones a las constructoras que ejecutan las obras de la Reconstrucción con Cambios en el norte. De esta manera, el clima de inversión se deteriora aceleradamente.

La criminalidad encarece toda actividad económica por  los sobrecostos que las empresas deben asumir y por los gastos en seguridad y vigilancia. Una vez más el Estado abandona sus responsabilidades en la seguridad ciudadana y en la lucha contra la delincuencia.

Un informe de la ONG Lima Cómo Vamos (2017), revela que solo el 3.44% de la población limeña está a gusto con las políticas de prevención y lucha contra la criminalidad que ejecuta el Estado. Asimismo, solo el 15.3% de limeños opina que su calidad de vida ha mejorado respecto al año anterior, sobre todo por la inseguridad ciudadana. La ola criminal es considerada el principal problema de Lima y del todo el país.

Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de agosto pasado, revela que las tasas de las distintas modalidades de delito, en diferentes circunscripciones del país, no se han reducido. Es decir, la situación de inseguridad permanece igual mientras la clase política, los medios de comunicación y las autoridades siguen pendientes de la bochornosa judicialización de la política que afecta al país.

Entre otros indicadores, según el INEI, los robos de dinero, carteras y celulares, denunciados en el semestre marzo-agosto 2018, a nivel nacional, afectaron al 18.0% de la población. Y, respecto al año 2017, aumentaron en 2.4 puntos porcentuales. La tasa de crecimiento de este tipo de delitos es mayor en los poblados entre 2,000 y 20,000 habitantes.

En el mismo semestre del 2018, 2 de cada 100 habitantes fueron afectados por el robo de vehículo automotor, autopartes de vehículo automotor, mototaxi, motocicleta o bicicleta. Una tasa similar a la del mismo periodo del 2017. Asimismo, 1 de cada 100 personas fue víctima de robo de su negocio en el semestre mencionado y en similar ámbito de la investigación. Sobre las estafas, entre 5 y 6 personas de cada 100 son víctimas. Entre otras variables, la percepción de inseguridad ciudadana está entre 80.7% y 87.5%, tasa sin variación significativa respecto al periodo anterior.

Es evidente que una de las claves de la gobernabilidad es superar la crisis de seguridad ciudadana. Los asaltos, robos, amenazas, extorsiones y toda clase de delitos que afectan la tranquilidad de la población continúan, mientras el presidente Martín Vizcarra cree estar librando la última de las batallas en contra de la corrupción política. La prevención de la delincuencia, de la que tanto se habló en la campaña presidencial del 2016, ha quedado pulverizada con los resultados de ese informe del INEI.