¿La OEA respaldará los estropicios del Ejecutivo?

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionará hoy para evaluar si se activa la Carta Democrática Interamericana, elaborada por los países integrantes del mencionado organismo para preservar la democracia de los estados miembros. La reunión del Consejo Permanente de la OEA se produce porque, algunos días atrás, el Gobierno y la Cancillería enviaron una carta invocando al organismo regional a aplicar los artículos 17 y 18 del mencionado documento. El artículo 17 establece que los países miembros pueden solicitar asistencia del foro regional cuando consideren que la democracia está en peligro y el 18 autoriza a la OEA a enviar misiones diplomáticas que ayuden en solucionar los impasses.

Luego de las 6 investigaciones en contra de Pedro Castillo y el entorno palaciego –que desarrolla la Fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides– y después de la denuncia que ella presentara ante el Congreso contra el propio jefe de Estado, es evidente que estamos ante una maniobra del entorno diplomático presidencial que solo busca alcanzar un balón de oxígeno al Gobierno para alargar la sobrevivencia. 

A estas alturas es evidente que los hechos y los rechazos se acumulan en contra del jefe de Estado a tal extremo que, incluso, empiezan a afectar de la misma manera al Congreso, por negarse a iniciar una transición política del desgobierno nacional que causa la administración Castillo. El Gobierno se desmorona; desorganiza y conduce al país a la anarquía, y los congresistas se niegan a formar la mayoría para iniciar la transición política, no obstante estar plenamente facultados por mandato constitucional.

En este contexto vale preguntarse si la OEA se convertirá en la tabla de salvación de un jefe de Estado que, desde el primer día en el cargo, ha demostrado una incapacidad moral permanente para ejercer el cargo, no solo por conductas morales cuestionables y falta de sentido común, sino que ha pretendido gobernar en contra de la Constitución y las leyes nacionales. Allí están las propuestas de nacionalizaciones de los recursos naturales, la conversión de las zonas mineras en áreas donde no rigen la Constitución ni las leyes nacionales, y el intento de generalizar las rondas urbanas en las ciudades.

Si los atentados del Gobierno en contra de la Constitución y la legalidad no han prosperado solo se explica por la resistencia nacional en defensa de la Constitución, la libertad de prensa y del sector privado, que ha generado crecimiento y reducción de pobreza como nunca en la historia nacional.

A estas alturas, cuando el presidente Castillo ha acumulado todos los argumentos a favor de una vacancia o de una suspensión temporal en el cargo, y cuando el propio jefe de Estado y el Gobierno salen, supuestamente, a defender la Constitución y la legalidad, el gesto solo debe entenderse como una estratagema de sobrevivencia. Nada más. Es la estrategia de todos los proyectos bolivarianos que hablan en nombre de la Constitución antes de apuñalarla y convertirla en cenizas.

Por todas estas consideraciones, cuando ya ha madurado las posibilidades de iniciar una transición política –relevando del cargo a este Ejecutivo del desgobierno nacional– la oposición debe actuar siguiendo estrictamente lo señalado en la Constitución Política, para evitar una estratagema que pretenda utilizar a la OEA o desarrollar una estrategia de victimización. Las cosas han madurado de tal manera que hoy Castillo ya no puede ser un Allende andino. Es más bien un personaje vinculado a los temas penales.