La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Los estrategas del eje bolivariano están más que sorprendidos por la resistencia del sistema de Estado de derecho del Perú que, no obstante el proceso insurreccional desatado por las vanguardias comunistas, resiste contra viento y marea. La resistencia del sistema constitucional es el peor enemigo del proyecto bolivariano frente a la violencia, terror, destrucción e intento de quebrar la producción, los mercados populares y la economía familiar. ¿Por qué? Porque, ante el alargamiento de la violencia, las mayorías nacionales se levantarán contra los núcleos y milicias comunistas que pretenden la destrucción de la economía nacional.
Los consejeros cubanos y bolivarianos comienzan a desesperarse porque las movilizaciones que habían alcanzado entre 5,000 y 7,000 participantes –más allá de la desinformación de la prensa internacional– comienzan a despoblarse dramáticamente. En Lima y provincias solo quedan raleadas vanguardias, mientras el financiamiento de las economías ilegales y del eje bolivariano empieza a fallar en medio de acusaciones de corrupción entre los propios comunistas. Por otro lado, el cansancio de las vanguardias radicales en el bloqueo de las carreteras y la acción de nuestra policía nacional del Perú y de nuestras fuerzas armadas posibilitan la liberación y recuperación de algunas vías principales nacionales.
En medio de esta situación –que los leninistas llamarían “el inicio del reflujo revolucionario”– el mando bolivariano lanza una especie de milicia urbana en Lima con el objeto de seguir cobrando vidas. El sábado por la noche alrededor de 100 vándalos desarrollaron una modalidad de guerra urbana con la PNP en las inmediaciones del Parque Universitario. Muy pocos, pero extremadamente violentos, era el comentario general. Finalmente, los comunistas cobraron la lamentable y trágica muerte de Víctor Santisteban. Sin embargo, todos los progresistas nacionales e internacionales lanzaron el mismo libreto que se aplicó durante las insurrecciones en Bolivia, Chile y Colombia: pretender culpar a nuestra heroica PNP de las acciones del terror comunista.
El eje bolivariano lanzó la milicia urbana en Lima para seguir presentando la imagen de que la insurrección sigue a la ofensiva, consolidar la imagen de caos y anarquía y social y generalizar la desmoralización de la sociedad y las élites, con el objeto de que la desesperación lleve a creer que se alcanzará la paz social únicamente mediante el adelanto general de elecciones y la instalación de una asamblea constituyente.
De allí la enorme importancia de entender el momento histórico del sistema republicano y comprender que la oleada de violencia y destrucción que se vive es el resultado natural de haber elegido el peor gobernante de la historia del Perú, al menos preparado y con claros vínculos con el comunismo. Gran parte del Perú está siendo destruido; pero si preservamos la Constitución y el Estado de derecho, reconstruiremos con extraordinaria rapidez el país –tal como lo hizo Inglaterra luego de los bombardeos nazis– y se convertirá en potencia regional.
En ese contexto, se debe consolidar el actual emplazamiento de las fuerzas de seguridad sobre los activos críticos del país. Asimismo, a nuestro entender, se debería considerar las siguientes medidas:
En primer lugar, descartar cualquier posibilidad de relativizar la Constitución, el Estado de derecho y las instituciones republicanas. El Congreso no debe ceder bajo ningún criterio a la violencia de las milicias comunistas.
En segundo lugar, que la PNP y las fuerzas armadas controlen las vías nacionales estableciendo círculos de seguridad alrededor de los ejes productivos del país: corredor minero del sur, regiones agroexportadoras, industria turística del sur y mercados emergentes y populares. El Perú debe seguir produciendo, a pesar de la ola insurreccional del eje bolivariano.
En tercer lugar, desarrollar el mayor equipamiento posible de nuestra PNP y convertirla en la mejor policía del continente, con los mejores equipos e instrumentos. Un ejemplo latinoamericano para enfrentar el manual violentista.
En cuarto lugar, el Estado y la sociedad, deben desarrollar una estrategia integral de defensa legal de nuestros soldados y policías. Ningún defensor del Estado de derecho y la constitucionalidad debe ser enjuiciado. No debemos repetir el error de tres décadas atrás.
Y, finalmente, generalizar la autodefensa de los mercados populares, la producción y la economía familiar.
Estamos seguros de que el Perú se convertirá en un paradigma latinoamericano en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho, y punto de partida en la defensa de las libertades en la región.
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