La importancia de la mesa directiva del Congreso y el Estado de derecho

En las próximas horas debe designarse una nueva mesa directiva del Congreso. Y luego de haber padecido el Gobierno destructivo de Pedro Castillo y las olas de violencia del verano pasado, no es exagerado sostener que de la elección de la nueva junta directiva del Legislativo depende el futuro del Estado de derecho en el Perú.

¿Por qué sostenemos semejante tesis? Luego del intento golpista de Castillo y de la violencia que le siguió, en el Perú, incuestionablemente, se produjo un vacío de poder. La caída de un Gobierno comunista, la crisis de representación del sistema político y la ausencia de partidos políticos organizados, evidentemente, producía un vacío de poder que fue llenado parcialmente por la posición democrática de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, a nuestro entender, el Perú pudo evolucionar hacia el caos, la anarquía y la desorganización social. 

Sin embargo, el país preservó el Estado de derecho y la estabilidad institucional, sobre todo por dos razones. El Gobierno del eje bolivariano y de la asamblea constituyente no pudo cambiar el modelo económico y comenzar un acelerado empobrecimiento de la sociedad. Si bien la economía hoy casi no crece y la pobreza ha comenzado a aumentar por falta de nuevas inversiones, las bases del modelo casi no se han movido. Todo esto determina que el deterioro sea gradual y lento. Si la economía se hubiese derrumbado, seguramente, estaríamos en otro escenario.

Pero el otro gran factor para evitar el vacío de poder y el camino a la anarquía fue la colaboración entre Ejecutivo y Legislativo que interrumpió la guerra entre ambos poderes del Estado (que recrudeció en el 2016 hasta la elección de Castillo) y que posibilitó organizar una gran convergencia institucional entre el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades para enfrentar el golpe de Estado de Castillo.

Igualmente vale señalar que, más allá de los incuestionables yerros del Congreso y las campañas progresistas que demonizan a este poder del Estado, es evidente que –durante el Gobierno de Castillo– sin la mayoría de la centro derecha que detuvo la asamblea constituyente del eje bolivariano, que evitó el referendo populista sobre la Constitución, que aprobó una norma sobre la cuestión de confianza y que eligió a los seis miembros del Tribunal Constitucional, hoy las corrientes del Foro de Sao Paulo habrían logrado implementar su proyecto de constituyente.

La elección de la mesa directiva en las próximas horas, pues, es definitiva para la democracia y la continuidad institucional, más allá de las frivolidades progresistas que arguyen que los resultados de las encuestas deben definir un adelanto de elecciones. De allí que Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos y los independientes democráticos tengan una responsabilidad ineludible con la historia. Cualquier diferencia, cualquier legítima estrategia de negociación, debe ser postergada para evitar que las bancadas comunistas formen mayoría y ganen la mesa directiva.

Si bien la política se inventó para evitar que los rivales desarrollen la guerra y promover los acuerdos, las convergencias entre los diferentes, es incuestionable que existen momentos en que la política debe evitar males mayores o principales enemigos, como se suele señalar. Hoy el mayor enemigo de la democracia y el Estado de derecho es la posibilidad de que las bancadas comunistas ganen la mesa directiva del Congreso, resuciten las confrontaciones entre Ejecutivo y Legislativo, generen el vacío de poder que nos lleve a la anarquía, y concreten su proyecto de la constituyente.

Más allá de todos los yerros que conocemos, más allá de los escándalos y denuncias que se suman, hasta hoy las bancadas de la centro derecha han asumido su responsabilidad cuando se ha tratado de enfrentar a la amenaza bolivariana. Es hora de reeditar esos momentos que valen para la historia.