La guerra política y la destrucción de la seguridad ciudadana

La guerra política que ha destruido el sistema político y que les permitió a los últimos gobiernos y a Pedro Castillo jugar a la popularidad, mientras se desentendían de los asuntos de la gobernabilidad, no solo significa erosión de la institucionalidad, frenazo económico, ausencia de inversiones en obras de prevención en el norte, falta de inversiones mínimas en el sur, sino que también ha destruido la seguridad ciudadana.

Hoy, la ola criminal se levanta como una tormenta apocalíptica afectando a pobres, clases medias, a ricos, a empresas y a los mercados. Considerando que en el Perú se desarrolló el año y medio del gobierno de Castillo en el que se gobernó en contra de la Constitución con objeto de convocar una constituyente, es evidente que un resultado natural tenía que ser el agravamiento de la crisis de seguridad ciudadana. En este contexto es necesario no caer en la tentación populista o las propuestas efectistas que nos señalan que las fuerzas armadas deberían asumir el control de las calles o que se debería armar a los serenazgos creando especies de policía local. 

Las reformas para el mediano y largo plazo no se hacen a tontas y locas. Cuando se hacen con premura suelen destruir lo poco que funciona. En ese sentido creemos que la lucha contra la criminalidad debe tener un liderazgo claro en el gobierno central, a través del Ministerio del Interior. Quizá uno de los viceministros o uno de los funcionarios debería asumir el papel de un zar de la lucha contra el crimen y logre coordinar la acción preventiva de los alcaldes y el trabajo de las comisarías.

Sobre esa base necesitamos una movilización general del Estado que comprometa a ministerios y dependencias para recuperar la seguridad ciudadana. Por ejemplo, hoy es evidente que algunas bandas criminales se han sofisticado en el crimen con el aporte de delincuentes extranjeros. Sobre esa realidad vale señalar que en el Perú existen más de 1 millón de migrantes venezolanos, pero menos de la mitad está registrada en migraciones. El Estado entonces debería desarrollar un nuevo censo nacional de los migrantes y aprobar normas claras señalando que no se puede contratar legalmente ni alquilar predios sin el registro migratorio respectivo.

El Ejecutivo y el Congreso deben aprobar medidas de emergencia que permitan fortalecer las comisarías a nivel nacional y las unidades especializadas de la policía nacional del Perú (PNP) dedicadas a la lucha contra la criminalidad. El Perú, por ejemplo, tiene 1470 comisarías en todo el territorio nacional, sin embargo, menos de la mitad cuenta con internet y se puede conectar con el sistema de requisitorias. Algunas comisarías incluso carecen de agua y desagüe.

Por otro lado, se necesitan más policías en las comisarías, en los patrullajes de las calles y en las unidades especializadas. De un total de más de 120 mil policías, solo 60 mil trabajan diariamente por el sistema de un día trabajo por otro de descanso, sin embargo de esa cantidad la mitad se dedica a labores administrativas. Es decir, solo existen alrededor de 30 mil efectivos en la seguridad ciudadana. Aquí hay un tema extremadamente urgente que resolver.

A nuestro entender no es nada extraño que se presente una ola criminal y una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes en donde las personas son asesinadas hasta por defender un celular. Los gobiernos de izquierda en la región, que proponen abolir la institucionalidad e instalar asambleas constituyentes, buscan a cualquier precio debilitar a las policías nacionales y quebrar la seguridad ciudadana. Es parte de una estrategia de poder, de lo contrario, las insurrecciones luego del golpe fallido de Castillo no se hubiesen focalizado en atacar las comisarías de la PNP.