La guerra Ejecutivo - Legislativo que destruye la República

La decisión del Congreso (por 110 votos) de eliminar el antejuicio para el jefe de Estado, los ministros, los congresistas, los fiscales supremos, los vocales supremos e integrantes del Tribunal Constitucional, entre otros, dejó boquiabiertos a quienes promovían con alegría adolescente la eliminación de la inmunidad para los congresistas. En el acto, el argumento que se planteó es que esta decisión acaba con el equilibrio de poderes. Pero, ¿acaso eliminar la inmunidad de los parlamentarios no era una manera de alterar también el equilibrio de poderes?

Semejante situación revela el desborde de una guerra política e institucional que, simplemente, superó cualquier pronóstico, en medio de una pandemia que ha cobrado más de 11,000 vidas –según el registro oficial– y una recesión que se tragará más de 15% del PBI y lanzará a la pobreza a cerca de cuatro millones de peruanos.

Sin embargo, para ser justos con el análisis, la pregunta a formularse es en dónde está la principal responsabilidad de esta guerra que ha llevado a una decisión que no tiene antecedentes en la historia de las repúblicas o las democracias, habida cuenta de que el antejuicio y las protecciones de los funcionarios –elegidos y no elegidos– de un Estado forman parte de la experiencia constitucional de siglos. 

A nuestro entender, el Ejecutivo tiene la primera responsabilidad. Recordemos que hace menos de un año se cerró un Congreso invocando figuras que no están en la Constitución, más allá de “la constitucionalización” que luego desarrolló el Tribunal Constitucional. Al margen de los análisis y la justicia de los enfoques, el Ejecutivo se convirtió en el ganador de esta guerra sin cuartel de poderes. Y ese triunfo político se expresó en la instalación de un nuevo Congreso, elegido por el sufragio popular. ¿Por qué entonces continuó la guerra sin cuartel?

A nuestro entender el Ejecutivo utilizó una propuesta de reforma política concebida para favorecer el control político de un sector del país, ignorando que las reformas constitucionales solo prosperan con el consenso y los pactos políticos. En la medida que se acumulaban los fracasos en la contención de la pandemia y aumentaban el número de decesos –mientras la economía registraba una de las contracciones más graves del planeta–, en el Ejecutivo se volvió a mirar el enfrentamiento con el Congreso como una posibilidad para aumentar popularidad. De allí que luego de que el Congreso aprobara una reforma de la inmunidad acotada, el presidente Vizcarra se dirigió al país creyendo que el escenario del pasado referendo y del cierre del Congreso se mantenía intacto. Grave error. Reza el aserto que la tragedia suele repetirse como comedia.

No se puede negar que el Congreso reaccionó con absoluta irresponsabilidad al eliminar a rajatabla el antejuicio de los funcionarios elegidos y no elegidos por el Estado. Si se concretara esa reforma las instituciones de la República, simplemente, se desmoronarían. Pero es evidente que el Ejecutivo pretendía arrinconar de tal manera al Legislativo que la asamblea de los partidos representados decidió declarar la guerra. Alguien debió aconsejar correctamente en el Ejecutivo.

Hoy, luego de esta declaratoria de guerra, solo queda una posibilidad: acuerdo y entendimiento para propiciar una salida. El primer acuerdo pasa por garantizar la convocatoria a las elecciones generales del 2021. El segundo es postergar las reformas políticas hasta que un nuevo Legislativo y un nuevo Ejecutivo avancen, mediante los consensos, hacia la modernización de nuestro sistema político. 

Si en el Ejecutivo no se procesa una nueva lectura de la situación ni se abandona la obsesión por la popularidad y por el control institucional, entonces la guerra continuará y el sistema republicano habrá llegado a su fin. Y a partir de allí, todas las tragedias políticas que han sucedido en América Latina podrían acaecer en el Perú. Todos entonces estamos advertidos.