La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Cuando los sectores progresistas señalan que las familias del sur, los hombres comunes y corrientes sureños, salieron a protestar el pasado 4 de enero, no solo se oculta el proceso insurreccional que desarrollan las vanguardias comunistas –para generar anarquía y convocar una constituyente–, sino que también se expresa una visión ideológica sobre la pobreza y la riqueza. De alguna manera también se considera que la pobreza de las familias del sur se solucionará con la guerra de clases y no mediante nuevas inversiones, crecimiento y generación de empleo.
La ideología de la lucha de clases del viejo Marx, al parecer, lo permea todo en el Perú, más allá de que algunos progresistas pretendan ocultarse en una maestría o un doctorado de una universidad occidental de prestigio. Por ejemplo, la misma impronta ideológica de los fundadores del comunismo se expresa en los decretos laborales promulgados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que prohíben la tercerización laboral, que fomentan artificialmente la sindicalización (por fábrica, rama, grupos empresariales) y que flexibilizan en extremo el derecho huelga. Es evidente que las señaladas normas buscan ahogar y destruir la inversión privada y fomentar el conflicto de clases, la guerra entre trabajadores y empresarios.
La guerra de clases se basa en una hechicería marxista que se ha generalizado en Occidente: la idea de que los trabajadores producen la riqueza y que los empresarios se dedican a la explotación, a extraer plusvalía. Según esta magia, la riqueza la produce el trabajo social en las fábricas. Si así fuese, bastaría que se organizaran decenas de fábricas desde el Estado (estado empresario) y se pusieran a producir con frenesí, tal como sucedió en la ex Unión Soviética.
Sin embargo, si se producen un millón de televisores, de los cuales solo se venden 100, no hay riqueza, solo habrá quiebra y pobreza. No obstante que la brujería marxista creó una gigantesca fábrica de pobreza en la ex Unión Soviética, no obstante que ni la China ni el Vietnam comunistas de hoy creen en estos conjuros (desarrollan capitalismo estatal), los progresistas peruanos siguen creyendo en estas magias.
Un vendedor de un mercado informal de Juliaca o de Huancayo sabe que la riqueza proviene del precio de la transacción; es decir, de la oferta y la demanda de un determinado producto. Si los consumidores quieren televisores y no existen, entonces, el precio se irá por los aires y generará riqueza. El valor, el precio de las cosas, pues, viene la demanda de los consumidores, y solo los empresarios, los innovadores, tienen la intuición para sintonizar con la demanda. Así se ha construido el desarrollo en Occidente. Lo demás es asunto de chamanes ideológicos.
Por todas estas consideraciones, es extremadamente grave que el ministro de Trabajo, Eduardo García, no anuncie la derogatoria de los decretos del MTPE mencionados líneas arriba y pretenda hacer de equilibrista entre la llamada Agenda 19 de los sectores anti inversión y la demanda de los gremios empresariales, que buscan relanzar las inversiones y el crecimiento.
Si las reflexiones ideológicas no convencen habría que recordar que los empresarios se han retirado hasta hoy del Consejo Nacional de Trabajo del MTPE, porque en el Gobierno de Pedro Castillo se promulgaron las mencionadas normas sin consultar con los gremios del sector privado. Y, por supuesto, habría que recordar que los empresarios producen el 80% de los ingresos fiscales del Estado y proveen el 80% del empleo en los mercados formales e informales del país.
Y también habría que recordar que solo los países que han legislado a favor de la empresa han logrado el desarrollo, generando flujo de inversiones de tal magnitud que el empleo sobra; y de una u otra manera, en estas economías los trabajadores deciden dónde y cómo trabajar. De allí que los trabajadores con legislaciones “protrabajadores” (Venezuela y Cuba, por ejemplo) siempre buscan migrar a sociedades con legislaciones pro empresariales.
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