La gobernabilidad como posibilidad y única salida

De alguna manera todos empiezan a aceptar que, luego del golpe fallido de Pedro Castillo y el fracaso de la violencia insurreccional contra el Estado de derecho, el cronograma institucional establecido en la Carta Política no se modificará. De esta manera, lo más probable es que el Ejecutivo y el Congreso actuales lleguen hasta el 2026. Las amenazas al Estado de derecho se han debilitado considerablemente y, no obstante la desaprobación de las encuestas, la continuidad de ambos poderes del Estado, al parecer, cancelará la inestabilidad política que se desató luego de las elecciones del 2016.

Existe pues en gran espacio para que la política y el Estado se enfoquen en la gobernabilidad, un objetivo que era casi imposible de alcanzar con la judicialización de la política, el referendo que destruyó el sistema político, el cierre inconstitucional del Congreso y el golpe fallido de Castillo que, en los últimos años, colocaron al sistema democrático, como se dice, al borde del precipicio. Hoy la convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo modifica radicalmente el escenario y posibilita que la política se ocupe de la gobernabilidad y se aleje de la demagogia populista, de la búsqueda frenética de la popularidad fácil. 

Por ejemplo, el escenario de la demagogia permitía que Vizcarra gozara de enorme popularidad no obstante que desarrollaba uno de los gobiernos más destructivos de la reciente historia –considerando los logros y las posibilidades con que contaba–, y pese también al devastador y trágico manejo de la pandemia y la economía. Ese mismo escenario populista hizo posible que Castillo agitara la propuesta de la asamblea constituyente como la solución de todos los males, mientras destruía el Estado y la economía, y preparaba las condiciones para el aumento general de la pobreza, tal como lo acaba de registrar el INEI.

Esos escenarios entonces están descartados por los niveles de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los problemas de la gobernabilidad pueden provenir de los propios yerros de ambos poderes del Estado, sumas de fracasos que, de continuar, pueden reactivar las amenazas externas al sistema democrático, tal como lo apreciamos en las olas insurreccionales luego del golpe de Castillo.

Si el Ejecutivo no es capaz de promover las inversiones en obras de prevención en el norte y fomentar un shock de inversiones en el sur, tarde o temprano resucitarán las amenazas a la gobernabilidad. Si el Ejecutivo no es capaz de contener la ola criminal que afecta a todas las ciudades del país, evidentemente la desaprobación actual del Gobierno se convertirá en más desesperanza y protesta activa. El Gobierno debe volver a gobernar, debe proponerse reconstruir el Estado devastado por el castillismo como si enfrentara una amenaza de guerra. La defensa del Estado de derecho contra las corrientes del eje bolivariano, de una u otra manera, tiene esa connotación.

Igualmente, el Congreso debe ser capaz de elegir al Defensor del Pueblo, ejercer control político en el sistema democrático, y proponer cuáles son las reformas mínimas a implementar para garantizar unas elecciones generales en normalidad en el 2026. Por lo pronto, creemos que la negativa prohibición de reelección de los congresistas ni siquiera debería ser contemplada como una posibilidad a mantener.

El Ejecutivo y el Congreso deben reflexionar y presentar objetivos y una agenda de aquí hacia el 2026. Sin embargo, si entre ambos poderes del Estado son capaces de desarrollar una agenda de reformas estructurales, tales como la simplificación de las sobrerregulaciones y procedimientos estatales que han convertido al Estado peruano a en uno de los más burocráticos de la región, no solo se garantizará la gobernabilidad sino también se relanzará el país. 

El Perú necesita impulsar la inversión privada, necesita iniciar un nuevo ciclo de inversiones en infraestructuras a través de las asociaciones público privadas y obras por impuestos, y requiere con urgencia avanzar en las reformas de los sistemas de salud y educación, para dejar en claro que la defensa del Estado de derecho frente al golpe de Castillo era un defensa de la libertad, era una defensa de los únicos sistemas institucionales y económicos que pueden garantizar el futuro de la peruanidad.