La deuda del Congreso con el modelo económico y las libertades

Más allá de la histeria progresista que, a través del análisis de algunas encuestas, pretende señalar que el actual momento de precaria estabilidad es el peor en cuanto al equilibrio de poderes y desarrollo institucional de la reciente historia, la verdad de las cosas es que sin la decisión de la mayoría del Congreso de enfrentar el proyecto de la asamblea constituyente y el golpe fallido de Pedro Castillo, el Perú podría haber entrado a una noche autoritaria de varias décadas. Una larga etapa en que el totalitarismo se habría combinado con la expansión de la pobreza, tal como sucede en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

La histeria progresista en el Perú, en realidad, se explica porque el Congreso ha comenzado a desmontar el control institucional que habían organizado los sectores progresistas y que les permitía manejar el Estado sin haber ganado una sola elección nacional y sin formar partidos ni presentar programas electorales. El restablecimiento de la autonomía del Tribunal Constitucional, mediante la elección de magistrados para reemplazar a otros que pretendían convertirse en vitalicios de facto, la ley sobre la cuestión de confianza que establece que no se puede plantear cuestiones de confianza sobre funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, y la ley del referendo que señala que cualquier iniciativa de reforma total o parcial de la Constitución debe pasar previamente por el Congreso –tal como lo establece la Carta Política– forman parte de ese proceso.

Para los peruanos de buena voluntad queda claro que, sin esas decisiones del Congreso, la asamblea constituyente de Pedro Castillo ya estaría en curso. Sin embargo, el Legislativo tiene una enorme deuda con el país, una deuda que revela una incoherencia descomunal con la valiente decisión de salvar al Perú de la asamblea constituyente. Sorprendentemente el Congreso no hace nada para defender el modelo económico, el crecimiento que genera empleo y reduce la pobreza.

La destrucción de la economía del gobierno de Castillo, a través de sus propuestas de la constituyente y de las nacionalizaciones, todavía no ha sido enfrentada por la mayoría democrática del Legislativo. El Banco Central de Reserva ha bajado sus proyecciones de crecimiento a 2.2%, una cifra con la que es imposible reducir la pobreza. De esta manera la pobreza –hoy en 27.5% de la población– que afecta a más de 9 millones de peruanos seguirá en aumento. Y si las cosas no cambian, en el 2026 el Perú podría ser una sociedad con una pobreza sobre un tercio de la población. ¿Acaso no estamos creando el escenario ideal que favorecerá el discurso antisistema?

De alguna manera los sectores democráticos del Congreso, que detuvieron el proyecto de la asamblea constituyente, no han entendido la dialéctica entre aumento de pobreza y proyecto totalitario del eje bolivariano. Vale recordar, por ejemplo, que el chavismo venezolano necesitó convertir a Venezuela, el país de la región con más clases medias en décadas pasadas, en uno con la mayor cantidad de pobreza. Hoy los pobres llaneros suman más del 80% de la población.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe elaborar un plan legislativo de emergencia para relanzar el crecimiento y detener el aumento de la pobreza. Por ejemplo, se deben derogar los decretos laborales del Gobierno de Pedro Castillo, que prohíben la tercerización laboral, que fomentan la sindicalización artificial y liberalizan en extremo el derecho de huelga, con el fin de promover el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores. Igualmente se debería restablecer inmediatamente la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) con el objeto de relanzar inversiones en agroexportaciones, en base a un régimen tributario promocional y un sistema de flexibilidad laboral, a semejanza de los países desarrollados. Asimismo se debe recuperar el Estado de derecho en el corredor minero del sur –hoy controlado por minorías violentistas– y de todas las regiones mineras.

Sobre estas medidas de emergencia, el Congreso y el Ejecutivo deberían promover un debate sobre reformas de mediano y largo plazo en educación, salud, sistemas tributarios y laborales, y en inversiones en infraestructuras. 

Si no relanzamos el modelo económico y social, el antisistema llegará inevitablemente.