¡La defensa del Estado de derecho no debe cesar un segundo!

Luego de la llamada “toma de Lima” –impulsada por 5,000 activistas– que desató una ola de violencia y vandalismo sin precedentes en la capital, y después también la segunda ola insurreccional –que pretendió bloquear carreteras para desabastecer a las ciudades, atacar aeropuertos del sur, que implicó ataques a diversas comisarías y dejó más de 580 policías heridos– la Constitución, el Estado de derecho y las instituciones republicanas siguen firmes y vigentes. 

En ese sentido, la toma de Lima representa un fracaso total, significa el momento en que la derrota de esta ola insurreccional impulsada por las vanguardias comunistas y núcleos vinculados al eje bolivariano comienza a ser evidente e incuestionable. ¿Por qué planteamos semejante tesis?

En primer lugar, ha quedado en evidencia que estamos ante una violencia, vandalismo y actos de terror, que impulsan vanguardias comunistas radicalizadas. La mayoría de la población del sur y de Lima rechazó frontalmente la violencia destructiva. A pesar de haber movilizado la mayor cantidad de recursos y logísticas de la reciente historia –incluso superiores a los de cualquier campaña electoral o los que se empleaban en el Gobierno de Castillo– las marchas violentas carecieron de apoyo popular. La prueba de ello es que la espiral violentista en la capital duró dos días y se desgastó de manera natural.

En segundo lugar, es necesario destacar el profesionalismo de nuestra Policía Nacional del Perú (PNP), que desarrolló un operativo impecable y logró contener a las milicias comunistas sin producir lamentables muertes de peruanos. A estas alturas, la mayoría de peruanos de buena voluntad comprende quiénes son los responsables directos de las lamentables muertes de 48 peruanos: las vanguardias comunistas que impulsan la insurrección en contra del Estado de derecho. Sin la menor duda.

No obstante, el proceso insurreccional que busca quebrar el Estado derecho continuará, tal cómo sucedió en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia, con diferentes resultados. En ese sentido, el sistema constitucional de derecho necesita defenderse con todas las herramientas que consagra la Constitución y las leyes. Hasta hoy el Gobierno de Dina Boluarte ha empleado los estados de emergencia y la inmovilización social para enfrentar los ataques generalizados a las fuerzas del orden. Sin embargo, un Estado de derecho no solo se defiende con la acción de nuestras heroicas y sacrificadas fuerzas armadas y fuerzas policiales, sino con la movilización de todas sus instituciones y sistema de justicia.

En ese sentido es urgente y perentorio que, en las próximas horas y días el Ministerio Público y el Poder Judicial informen a la población sobre el avance de las investigaciones contra los delincuentes y vándalos que han atacado aeropuertos, comisarías, que han incendiado casi todos los locales del Ministerio Público y del Poder Judicial y que han destruido y saqueado plantas de empresas privadas. Si el sistema de justicia no aplica la Constitución y las leyes, ningún esfuerzo heroico por preservar el Estado de derecho tendrá viabilidad alguna. La espiral de violencia que ha causado la lamentable muerte de 48 peruanos demanda que el sistema de justicia individualice a los organizadores de la ola de insurrección, destrucción y muerte del país.

De otro lado, el Ejecutivo y el Congreso deberían liderar una especie de “Plan Marshall” –en alusión al plan de desarrollo que se pretendió impulsar en América Latina durante la Guerra Fría– para el sur del Perú, mediante el cual el Estado, incluso por encima y más allá de los gobiernos regionales, proceda a resolver las demandas de obras sociales de las provincias del sur. Por ejemplo, no puede ser que más de 214,000 viviendas carezcan de acceso al agua potable en Puno (es decir, el 60% del total) y más de 243,000 viviendas (el 70%) no tengan servicios de saneamiento. Es una situación inaceptable.

El Perú y el sur del Perú necesita con urgencia un Plan Marshall. No se puede aceptar que, no obstante que la minería ha transferido S/ 10,000 millones en canon y regalías a los gobiernos subnacionales, las regiones apenas gasten algo más del 50% en su presupuesto de inversiones. Es inaceptable e inadmisible. Y, encima, algunos gobernadores se atreven a liderar la insurrección contra el Estado de derecho.