La decisión de la JNJ y el doble estándar jurídico del progresismo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituyó en sus funciones de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, declarando la nulidad del proceso disciplinario que desencadenó la destitución de la magistrada. La mencionada resolución dispone que todo lo actuado regrese a la etapa previa de la instrucción. El pleno de la JNJ fundamentó su decisión en que se violaron principios básicos del debido proceso, y ordenó un nuevo instructor para reanudar la investigación disciplinaria bajo estándares legales.

La mencionada resolución revela el nivel de la crisis en que se ha sumergido el sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público, por los enfrentamientos entre diversos sectores y la extrema politización de los procesos jurídicos en el país. Incluso ante la decisión de la JNJ, algunos procesalistas reconocidos por su seriedad señalaron que era complicada de ejecutar, porque se había producido una nueva elección del Fiscal de la Nación. Otros juristas señalaban que se podía ejecutar la decisión de la JNJ reincorporando a Benavides y procediendo a ratificar nuevamente nuevamente a Benavides en la Fiscalía de la Nación.

Más allá de las opiniones sobre el tema es evidente que el sistema de justicia en el país requiere de profundas reformas, que se desarrollen con la pausa y la reflexión que toman todas las reformas que duran en el largo plazo. Sin embargo, que una JNJ en vigencia declare que los miembros del anterior pleno de la misma entidad violaron el debido proceso en una investigación disciplinaria en contra de la Fiscal de la Nación desnuda una realidad: la politización de las instituciones del sistema de justicia.

No obstante, se debe denunciar el doble estándar del progresismo y de las corrientes de izquierdas en el país, que promovieron la reforma del anterior Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por Junta Nacional de Justicia a través del referendo populista de Martín Vizcarra. El objetivo de estas modificaciones legales apuntaba a que un sector político del país controle el sistema de justicia con el objeto de judicializar a los rivales y competidores políticos. La decisión de la nueva JNJ, que restablece en sus funciones a la Fiscal de la Nación, así lo confirma.

El progresismo y las izquierdas respaldaron de principio a fin el procedimiento “express” que violó el debido proceso en la destitución de Benavides, y llamaban a respetar la Constitución y la ley orgánica de la JNJ y las demás normas legales vinculadas a la situación. En ese entonces desarrollaban “una posición institucionalista”. Sin embargo, cuando un nuevo pleno de la misma JNJ –bajo el amparo de la misma Constitución, la misma ley orgánica respectiva y las demás normas– señala que se violó el debido proceso en el caso en contra de Benavides hablan de “golpe de Estado” y de “un ataque institucional en contra de la democracia”. ¿Cómo se puede construir democracia, república o instituciones cuando se invoca la Constitución y la razón cuando las decisiones favorecen a un sector político y se denuncian golpes de Estado cuando las resoluciones son adversas a ese sector político? La democracia, la libertad, son imposibles bajo ese doble estándar.

Por otro lado, es necesario subrayar que el regreso de la señora Benavides a la Junta de Fiscales Supremos solo sigue ratificando la necesidad de desarrollar una reforma integral del Ministerio Público para evitar la extrema polarización, erosión institucional y politización de una entidad jerárquica que fue creada para defender la legalidad, los derechos ciudadanos y que representa a la sociedad en los procesos judiciales y la recta administración de justicia.

Una de las mejores maneras de abordar la reforma del sistema de justicia y del Ministerio Público es evitando que los debates y las discusiones sean contaminadas por la polarización y las guerras institucionales de la actualidad. En ese sentido, el próximo Legislativo a instalarse el 2026 debería crear una comisión especial integrada por representantes académicos de las universidades públicas, privadas y los colegios de abogados, que formule una propuesta integral y que movilice un debate en la sociedad antes de su sanción en el Congreso.