La crisis migratoria y la devastación del socialismo del siglo XXI

Los más de ocho millones de venezolanos que huyen del socialismo del siglo XXI –que promueven el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla– comienzan a causar graves problemas geopolíticos y sociales en la región: Desde Colombia, Ecuador, Perú y Chile se percibe el sufrimiento de los hermanos venezolanos que huyen del hambre y la dictadura, alterando las sociedades y causando tensiones entre países. 

Es en este contexto que se debe entender la crisis migratoria que se ha desatado entre Perú y Chile luego de que el Gobierno de Gabriel Boric decidiera modificar la política migratoria y expulsar a los indocumentados. Decenas de migrantes se emplazan entre las fronteras de Chile y Perú como si huyeran de guerras de exterminio, tal como sucedía durante la Segunda Guerra Mundial y suele suceder con los conflictos del Medio Oriente. Vale señalar que en Chile existen más de tres millones de migrantes y en Perú cerca de un millón y medio.

En este escenario creemos que se debe respaldar la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de decretar el estado de emergencia en siete distritos fronterizos, encargar a las fuerzas armadas respaldar a la policía nacional del Perú (PNP) el control de las fronteras y establecer el empadronamiento y registro de los migrantes en el Perú en los próximos seis meses. Luego de ese proceso los llamados “indocumentados” ante el Estado peruano serán expulsados del país. Por otro lado, el país debería expulsar de manera inmediata a cualquiera que ingrese al país violando la ley y quebrando el Estado de derecho. No se debe tolerar el violentismo externo ni interno.

Sin embargo, la crisis migratoria entre Perú y Chile, estamos seguros, también desatará un debate con las corrientes comunistas y progresistas sobre el papel de la migración en la construcción del Estado de derecho y la libertad. La oenegé izquierdista Human Rights Watch (HRW) acaba de exigir al Estado peruano que se entregue comida y vivienda a los miles de expulsados de Chile, sin distinguir las responsabilidades de los estados y del Gobierno. Se trata de la misma oenegé que ha iniciado una campaña internacional en contra del Estado de derecho en el Perú, señalando que el uso constitucional de la fuerza pública es sinónimo de violaciones de derechos humanos.

Al respecto debemos señalar que el único responsable de la crisis humanitaria que se comienza a vivir en la región es el llamado gobierno socialista del siglo XXI de Venezuela, que ha arrojado a más de ocho millones de venezolanos a abandonar su patria, a sus familias, escapando del hambre y la dictadura. No hay otro responsable y la izquierda comunista debería tener un mínimo de decencia intelectual y señalar a los responsables de la tragedia. Con el socialismo del siglo XXI en Venezuela el PBI se derrumbó en cerca de 60% y más del 80% de la población cayó en pobreza, mientras que los alimentos, los servicios de salud, el agua potable y la electricidad desaparecieron en el país llanero.

Por otro lado, tal como sucedió con la Cuba de los ochenta, cuando en los países comunistas se producen estos éxodos masivos de la población, los jerarcas de las dictaduras suelen abrir todas las cárceles para enviar a los delincuentes dentro de las olas migratorias. En Perú y Chile el crecimiento de la criminalidad y el surgimiento de bandas de alta peligrosidad tiene que ver con estas políticas.

Asimismo, vale señalar que las migraciones se han convertido en un asunto de intenso debate ideológico entre las fuerzas que defienden las libertades, los estados de derecho y la libertad versus las corrientes progresistas y comunistas. Los defensores de la libertad no podemos aceptar migraciones que destruyan el Estado de derecho y las libertades, tal como sucede con la delincuencia organizada que se agazapa detrás de los procesos migratorios. De ninguna manera. Sin embargo, todas las sociedades democráticas alientan la migración formal, constructiva, mediante la cual el inmigrante se incorpora a la sociedad, al sistema político y económico y respeta la Constitución y el Estado de derecho del país al cual ha migrado.